Editorial

Bienes incautados

En la última década rigió una generosa política de entrega de los bienes incautados

La Razón (Edición Impresa)

00:00 / 07 de mayo de 2017

A inicios de abril, un escándalo estalló en la Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi), cuando el ministro de Gobierno, Carlos Romero, denunció que luego de meses de investigación se descubrió una red que comercializa automóviles, autopartes y otros bienes incautados al narcotráfico. Hay personas destituidas, detenidas y fugadas.

Según señaló Romero, la red de corrupción en Dircabi implica no solo a funcionarios de esa repartición estatal, sino también de la Policía y de la Fiscalía. Vehículos confiscados desaparecidos; otros desmantelados para comercializar sus partes; tráfico de combustible y otras irregularidades, incluyendo la negociación para vender una avioneta, fueron descubiertas en una investigación iniciada en el Ministerio de Gobierno y que ahora está en manos del Ministerio Público, y que motivó un “corte administrativo y técnico legal” en las diferentes distritales de esa oficina el 11 de abril.

También se informó que la ahora exdirectora de Dircabi fue destituida por estar supuestamente relacionada con el presunto cabecilla de la organización ilegal, el ex jefe de Operaciones de esa entidad, quien días antes de conocerse el escándalo huyó a Perú, desde donde, hace una semana, acusó a funcionarios del Gobierno de ser los líderes del grupo. Hasta donde se sabe, los hechos irregulares fueron cometidos en las distritales de Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Beni y Pando, y muchos casos ocurrieron en ciudades intermedias del noreste cruceño. Se ha pedido a la Fiscalía indagar en los nueve departamentos del país.

En rigor, no puede considerarse una novedad la existencia de operaciones irregulares en Dircabi, pues ya desde fines de la década de los 90 se sucedieron denuncias de desaparición de bienes incautados o uso indebido de éstos. Las recientes investigaciones dan cuenta también de automóviles y otros bienes que nunca fueron debidamente registrados. Las autoridades involucradas en la pesquisa han señalado que Dircabi administra los bienes correspondientes a más de 11.000 procesos de personas vinculadas con el narcotráfico.

Agrava el panorama el hecho de que en la última década rigió una generosa política de entrega de esos bienes, en calidad de comodato, a instituciones públicas que demostrasen su necesidad; en muchos casos se omitió señalar condiciones y plazos para la devolución de los mismos, lo cual, muy probablemente, hace imposible su recuperación.

Es plausible imaginar que el origen de esos bienes es la causa por la que algunos funcionarios de Dircabi creyeron que su comercio quedaría impune; sin embargo, es evidente que le han causado un serio problema de imagen a todo el Gobierno. Corresponde ahora no solo una ejemplar sanción a quienes están involucrados en los ilícitos, sino también el diseño de una política efectiva para la administración de esos recursos.

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