Editorial

Caballos de la discordia

Ambos hechos ponen en evidencia la falta de planificación y de políticas de contingencia.

La Razón (Edición Impresa)

02:22 / 03 de noviembre de 2014

La compra de 80 caballos de raza procedentes de Argentina ha desatado una fuerte polémica en el país, que se está ventilando en los medios de comunicación y en las redes sociales. Al menos dos factores están alimentando este debate. Por un lado, contradicciones respecto a los elevados costos de esta compra directa hecha por el Gobierno en favor de las FFAA.

En un principio, salió a la luz pública una carta firmada por el Comandante de la Octava División del Ejército en la que se hablaba de $us 15 millones por la adquisición de los corceles. Empero, más tarde el Ministerio de Defensa aclaró que en realidad el monto ascendía a Bs 3,2 millones.

Esta contradicción ha contribuido a profundizar la polémica que se ha abierto en los foros virtuales respecto al precio de estos caballos, que para los ciudadanos comunes y silvestres parece bastante elevado (Bs 40.000 por cada uno de ellos, según la cifra manejada por el ministerio del ramo). Esto sobre todo se si toma en cuenta que existen otras necesidades de mayor prioridad no solo para la sociedad (escuelas, hospitales, carreteras, etc.), sino también para los propios militares. Cabe recordar por ejemplo que en lo que va del año al menos siete aeronaves de la FAB se han accidentado por fallas mecánicas, provocando la muerte de cuatro pilotos. Y lo propio ocurrió con un buque de la Armada.

El otro aspecto del debate surgió a raíz de la apropiación de los predios del Club Hípico de Santa Cruz por parte de soldados de la Policía Militar, con el propósito de acondicionar las caballerizas de ese club privado para albergar a los animales procedentes de Argentina. Como es de suponer, tanto los vecinos como los socios se han declarado en emergencia para evitar lo que ellos entienden como un arbitrario avasallamiento.  Los primeros argumentan que la Alcaldía se comprometió a utilizar esos predios (36 ha) para instalar un parque urbano. Los segundos temen que se les arrebate la infraestructura y la parte de los terrenos que consideraban como propios. A su vez, los militares argumentan que tienen un documento de 1947 en el que la Alcaldía cruceña les cede ese terreno a perpetuidad, y han decidido hacer efectivo ese “derecho” más de 50 años después.

Ambos hechos ponen en evidencia la falta de planificación y de políticas de contingencia a la hora de abordar asuntos de esta naturaleza, que pueden crear malestar entre la población. Por ejemplo, hubiese sido preferible que el Gobierno compre unos cuantos caballos y yeguas de raza para reproducirlos, antes que una gran cantidad de animales listos para montar. De esta manera se trataría más que de un gasto de una inversión a largo plazo en beneficio del país. En el caso de los predios, ciertamente hubiese sido más efectivo sentarse a negociar entre todas las partes interesadas para buscar una solución concertada, antes que apelar a la fuerza y la imposición.

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