Editorial

Cadena perpetua

El esfuerzo debiera orientarse a garantizar el respeto de los derechos de los niños en el país.

La Razón (Edición Impresa)

23:28 / 22 de mayo de 2017

Días atrás, el Vicepresidente del Estado manifestó una idea que ya provocó debate público hace tiempo, cuando en la inauguración de la Cumbre de la Justicia se abogó por instaurar la cadena perpetua en el sistema penal boliviano; solo que ahora ha aumentado la apuesta, anunciando que junto con el Presidente están elaborando una ley que lleve el tema a referéndum.

No se trata de aplicar la cadena perpetua para cualquier criminal (recuérdese que el sanguinario y corrupto exdictador Luis García Meza recibió la pena máxima, que es 30 años de prisión sin derecho a indulto), sino solo para violadores de niños y niñas cuyas fechorías acaben en muerte.

Cuando hizo el anuncio, el Vicepresidente afirmó estar “muy enojado” por la cantidad de noticias que se han conocido en las últimas semanas sobre niños y niñas víctimas de atroces formas de violencia sexual. Sin embargo, decisiones de esta envergadura no deberían ser adoptadas únicamente al calor del impulso del momento, y mucho menos si ello implica modificar la CPE, pues su artículo 188 señala claramente en su inciso II que en Bolivia “La máxima sanción penal será de treinta años de privación de libertad, sin derecho a indulto”. De allí que sea necesario trabajar un anteproyecto de ley que convoque a referéndum sobre este tema.

Además, el problema con la iniciativa no es solo la traba constitucional (que tiene que ver con derechos y garantías de las personas), sino fundamentalmente el hecho de que, de acuerdo con la filosofía garantista del Derecho, la amenaza del castigo penal no disuade a los potenciales criminales. Esta reflexión fue parte del debate constituyente, y el Defensor del Pueblo la ha recordado al reaccionar al anuncio del Vicepresidente.

A su vez, organizaciones que trabajan en materia de derechos de la niñez y la infancia también se han manifestado recordando que el mandar a violadores a prisión, incluso si fuera a cadena perpetua, no resuelve el problema, y que más bien el esfuerzo debiera ponerse en garantizar la implementación del Código Niña, Niño y Adolescente y las políticas públicas que debieran inspirarse en esta norma.

Finalmente, un diputado por el MAS reaccionó al anuncio vicepresidencial señalando que si se cambia la CPE “para abordar el tema de las condenas y sanciones, también se podría modificar otros puntos y llevarlos a un referéndum”, lo que podría provocar susceptibilidades en sentido de que más allá de la indignación por la ola de noticias sobre niños y niñas víctimas de violación habrían otras intenciones.

Es necesario abrir un debate público sobre este tema, tan completo y abarcador como sea posible, a fin de asegurar que la iniciativa encuentre su verdadero cauce, pues niñas y niños, y la población toda, merecen vivir en un país donde no estén en permanente riesgo solo por su edad o su sexo.

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