Editorial

Calidad del transporte

Hace falta una norma que regule los parámetros de calidad en el transporte público.

La Razón (Edición Impresa)

00:00 / 27 de diciembre de 2015

En los últimos días, un ampliado de la Federación Departamental de Choferes 1ro de Mayo decidió dar al Gobierno Municipal plazo hasta el 31 de diciembre para que apruebe un incremento en las tarifas, pues de lo contrario lo harán ellos mismos sin autorización a partir del 1 de enero. El gobierno local ha respondido que la Guardia Municipal evitará ese atropello.

Se trata de un nuevo intento de este grupo del gremio del transporte de pasajeros por obtener un incremento tarifario. Entre los argumentos que esgrimen para justificar su demanda está la inflación acumulada de los últimos años, que no ha sido acompañada por ajustes en las tarifas del servicio. Omiten, sin embargo, reconocer que a fines de 2013 sí hubo un ajuste en las tarifas, cuando se incrementó el costo de los pasajes en minibús y se creó una categoría para los viajes “extra largos” con un costo más elevado. La intención detrás de esa decisión era eliminar la práctica del “trameaje” (que consiste en que los choferes no cumplen con su ruta, obligando a los pasajeros a tomar otro coche), que sigue tan vigente como entonces.

A ello debe añadirse que semanas atrás, cuando los choferes comenzaron con su demanda de un nuevo ajuste de tarifas, el Gobierno Municipal anunció que encargaría un estudio de los costos asociados al servicio para determinar si corresponde o no la elevación del pasaje. Dicho estudio ha sido concluido, aunque sus resultados aún no son públicos. Además, la Alcaldía ha demandado a las organizaciones de choferes que presenten listas de sus afiliados, que registren los vehículos que se usan para el transporte de pasajeros y, sobre todo, que se avengan a debatir las bases para la ley de rutas y recorridos, así como las condiciones de calidad para la prestación del servicio.

Previsiblemente, los choferes no han cumplido con su parte, pero se muestran dispuestos no solo a abusar de los pasajeros con su decisión unilateral de elevar pasajes sin mejorar ni un ápice las indignas condiciones en las que brindan el servicio, sino también a enjuiciar al Alcalde por “incumplimiento de deberes”, dando así muestra de cuán divorciados de la realidad están.

En todo caso, sí es necesario que el gobierno local se mantenga firme en su decisión de no discutir ajuste alguno en las tarifas mientras no se resuelvan los temas asociados a las rutas, hoy libradas al arbitrio de los dirigentes gremiales, y, sobre todo, a la calidad. El problema en este punto es que no existe una norma que regule explícitamente cuáles son los parámetros de calidad.

El Gobierno Municipal debe trabajar, ojalá que apoyándose en la población, esa norma aún inexistente que determine cómo debe brindarse el servicio de transporte de pasajeros, estableciendo parámetros claros y razonables. Sin ella, seguiremos lamentando el paupérrimo servicio que los choferes brindan.

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