Editorial

Cárceles y adolescentes

Los adolescentes privados de libertad deben afrontar cotidianamente hechos de violencia

La Razón (Edición Impresa) / La Paz

00:04 / 06 de abril de 2016

Un reciente informe del Defensor del Pueblo alerta que en las cárceles del país permanecen encerrados al menos 480 adolescentes y que en la mayoría de los casos se vulnera su derecho a un proceso pronto y oportuno, que logre el fin último de la justicia restaurativa, al extremo de que la mayoría desconoce a sus abogados y/o la situación de su proceso.

Si bien la situación de estos adolescentes no causa sorpresa, toda vez que la vulneración al debido proceso y de otros derechos no es la excepción sino la norma entre todos aquellos que deben afrontar un proceso judicial en el país, no por ello deja de ser importante visibilizar la precaria situación en la que se encuentran.

Y es que además de tener que lidiar con un sistema judicial que solo funciona para quienes tienen los recursos y las influencias necesarias para hacer andar sus corroídos engranajes, los adolescentes privados de libertad deben afrontar cotidianamente situaciones de violencia y abusos de toda laya, por cuanto conviven con delincuentes sentenciados por asesinatos, violaciones y otros crímenes violentos.

Respecto a los factores que impiden acceder a la justicia en el país huelga mencionar al menos tres. Por un lado está el hecho de que las personas tienen que pagar elevadas sumas para poder costear los gastos judiciales, lo que constituye una aberración en términos de equidad, por cuanto da lugar a la existencia de ciudadanos de primera, aquellos que pueden pagar por ejercer sus derechos, y de segunda, aquellos que no lo pueden hacer, y en consecuencia terminan tras las rejas por hechos que no han cometido o por más tiempo del que correspondería.

Otro factor es la retardación de justicia, que deviene no tanto por la excesiva carga procesal que ciertamente existe en los juzgados del país, sino sobre todo por la existencia de magistrados sin vocación ni interés por la pronta justicia que se limitan a celebrar audiencias y a enviar tras las rejas a los acusados de manera preventiva, a pesar de que esta figura legal debería ser utilizada de manera extraordinaria, y no como actualmente ocurre. Por último, huelga recordar que la corrupción se ha extendido a tal extremo que en el sistema judicial existe una suerte de superestructura que funciona con base en la extorsión, que involucra a jueces, fiscales y abogados, tal como bien advirtió tiempo atrás el Ministro de Gobierno.

Tomando en cuenta estas “distorsiones” judiciales, es de esperar que las gobernaciones implementen cuanto antes acciones que impulsen la aplicación efectiva de una justicia restaurativa para los jóvenes y adolescentes en los centros penitenciarios a su cargo, garantizando el respeto de sus derechos así como su efectiva reinserción en la sociedad una vez que cumplan su sentencia, tal como lo establece el nuevo Código Niña, Niño y Adolescentes (la Ley 548).

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