Editorial

Cédulas falsas

Está en juego nada menos que la confiabilidad del sistema de registro de habitantes en el país.

La Razón (Edición Impresa)

00:14 / 22 de agosto de 2017

Uno de los documentos más importantes en Bolivia es la cédula de identidad, que es emitida por el Servicio General de Identificación Personal (Segip) desde que, años atrás y a pesar de la activa oposición de la Policía Nacional, este trámite dejó de estar en manos de los uniformados. Pese a las diversas medidas de seguridad, hay quienes se dedican a falsificarlas.

En efecto, días atrás la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) informó que en lo que va del año se han descubierto tres imprentas “legales” que falsificaban cédulas de identidad (CI) y que por cada una cobraban hasta Bs 500. En esos mismos comercios encontraron títulos falsos de bachiller, de profesional, certificados de nacimiento y hasta certificados del Registro Judicial de Antecedentes Penales (Rejap).

Según la indagación policial, tramitadores e imprentas son parte de la cadena que pone en circulación documentos falsos. Una de sus vetas son los delincuentes extranjeros, quienes, para no ser detectados por las autoridades, figuran en los documentos con nombre, apellidos y ciudadanía falsos. También acuden a los falsificadores de documentos quienes desean cambiar su año de nacimiento o su estado civil. Las indagaciones policiales han permitido detectar que hay redes de tramitadores que se encargan de facilitar a las personas interesadas los documentos falsos o fraguados y que es posible hallarlos frente a las oficinas del Organismo Operativo de Tránsito, en el centro paceño.

Irónicamente, la Policía dio con las imprentas falsificadoras cuando las intervinieron “porque no emitían facturas y en sus computadoras constatamos que estaban cometiendo el delito de falsificación”, contó el Jefe de la División de Delitos Económicos y Financieros de la FELCC.

La falsificación de documentos de identidad está penada con entre uno y seis años de reclusión. El Código Penal señala que quien “forjare en todo o en parte un documento público o alterare uno verdadero” comete el delito de falsedad material. Asimismo, quien “a sabiendas hiciere uso de un documento falso o adulterado será sancionado como si fuere el autor de la falsedad”.

Pero no solo cometen el delito de falsedad los ya citados tramitadores; en lo que va del año se ha aprehendido a tres personas que trabajaban o habían trabajado para el Segip o para el Servicio de Registro Civil (Sereci), quienes fraguaban certificados de nacimiento que luego eran empleados para obtener CI legítimos aunque con datos falsos. Esos no fueron los primeros casos detectados en la institución.

Por muchas razones, el tema que aquí se comenta debe provocar preocupación, y su consiguiente acción correctiva y punitiva, pues lo que está en juego es la confiabilidad del registro de habitantes del país, y si éste falla es posible poner en duda cualquiera de las instituciones ligadas a dicho registro, lo cual solo puede provocar inseguridad jurídica.

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