Editorial

Ciencia y política

Se sabe que el centro será construido en El Alto, en acuerdo con las juntas vecinales

La Razón (Edición Impresa) / La Paz

03:31 / 30 de octubre de 2015

Luego de un largo periodo de anuncios, protestas, movilizaciones y sobre todo desinformación, el Gobierno anunció el miércoles su decisión de construir el Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología Nuclear en El Alto y no en Mallasilla, como estaba originalmente previsto, ni en Cota Cota, como ofreció el Rector de la Universidad Mayor de San Andrés.

Se trata de un caso emblemático en el que el desarrollo, o sus manifestaciones materiales, afronta las más evidentes manifestaciones de la política en las calles: la movilización de vecinos opuestos a su realización sobre la base de argumentos no necesariamente dotados de racionalidad y, sobre todo, de presunción de mala fe.

En efecto, el problema con la iniciativa de construir el mencionado centro tiene su origen antes del anuncio de este proyecto: cuando el Presidente del Estado anunció que Bolivia comenzaría a investigar la producción de energía nuclear, desatando una ola de críticas basadas, por una parte, en la evidencia de que las centrales nucleares no son seguras       —como lo han demostrado los casos de Chernobyl, Rusia, en la década de los 80 y, más recientemente, Fukushima, Japón— y, por otra, en la presunción de que los bolivianos son incapaces de garantizar el correcto funcionamiento de una planta de esas características, lo cual además de absurdo, es profundamente discriminador.

En ese contexto, cuando el Viceministerio de Electricidad y Energías Alternativas anunció la intención de construir el centro de investigación en la residencial zona de Mallasilla, los vecinos expresaron su desacuerdo y no pocos medios de comunicación, además de amplificar la voz de quienes protestaban, alimentaron la desinformación confundiendo el “centro de investigación” con “planta nuclear”. El citado viceministerio, por su parte, hizo exiguos esfuerzos por desvirtuar la desinformación, y la comunicación gubernamental, tan eficaz en muchos casos, en éste no se hizo notar.

La querella pública sirvió para que el oficialismo gubernamental acusara al Gobernador de La Paz y al Alcalde de la ciudad capital de estar detrás de la movilización, y este último, sin desmentir la acusación, optó por un camino conciliador al acordar con el Rector de la UMSA una investigación técnica y científica para evaluar el potencial del conflictivo centro. El resultado fue que este proyecto se muestra beneficioso para la población, al extremo de que la universidad pública paceña ofreció sus terrenos en Cota Cota para su construcción.

Hoy se sabe que el centro será construido en El Alto, pero no por acuerdo con su gobierno local, sino con las juntas vecinales. Hay que celebrar esto, pero sin perder de vista que la Fejuve no representa al conjunto de la ciudadanía alteña y, sobre todo, que el obviar al gobierno local, por más opositor que sea, afecta gravemente a la institucionalidad del Estado.

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