Editorial

Código de Tránsito

El Código de Tránsito ha sido ampliamente superado por el  crecimiento del parque automotor.

La Razón (Edición Impresa)

00:36 / 04 de mayo de 2018

Promulgado en 1973, en los inicios de la dictadura de Hugo Banzer, el Código de Tránsito y su reglamento han sido ampliamente superados tanto por el desarrollo de la tecnología automotriz y, sobre todo, por el imparable crecimiento del parque automotor, así como por el desarrollo de la economía jurídica del país. Ahora el Gobierno pretende actualizar esa norma.

En efecto, el 16 de agosto de 2011 el Presidente del Estado promulgó la Ley 165, General de Transporte, la cual se complementa con las leyes locales sobre la materia (como la Ley Municipal 15, de Transporte y Tránsito Urbano, que rige en La Paz desde abril de 2012), por lo que resulta extraña la noticia de que el Viceministerio de Seguridad Ciudadana pretende actualizar una norma que debió abrogarse conforme lo dispone la ley citada al inicio de este párrafo.

No fue así tal vez porque a pesar de lo dispuesto en la Ley 165 respecto de garantizar a la Policía Nacional un ingreso equivalente al que hasta ahora tiene por diversos conceptos relacionados con las tareas de control del tráfico vehicular en el país, la institución verde olivo se rehúsa a perder esa fuente de recaudaciones. Y no es la única disposición de la Ley General de Transporte que se incumple sistemáticamente.

Según lo anunciado por las autoridades del Ministerio de Gobierno, está previsto que se incorporen al menos 16 reformas significativas al Código, entre ellas una actualización de las normas de circulación, la incorporación de reglas internacionales para la señalización, reglamentación para el transporte escolar, nuevo valor de cantidad máxima permitida de alcohol en la sangre para poder conducir y nuevas velocidades máximas permitidas.

El Viceministro de Seguridad Ciudadana señaló que la reforma del Código de Tránsito es uno de los compromisos asumidos por Bolivia en el marco del Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020, aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas en 2010. Lo que la autoridad no ha explicado es qué se hará con las leyes que ya existen y que, a diferencia del Código banzerista, remiten de manera directa a la Constitución Política del Estado vigente desde 2009.

El viceministro también anunció que está previsto que la nueva norma sea promulgada en 2019, pues sus impulsores deben “consensuar con todos los sectores sociales, entre ellos el transporte y las juntas vecinales”. Poca esperanza transmiten esas palabras, pues es bien sabido que los gremios de los transportistas, en los hechos, tienen más peso e influencia que las y los vecinos de las ciudades.

Ingrata tarea se ha impuesto el Viceministro de Seguridad Ciudadana, pues además de tener que tener que lidiar con las presiones del poderoso gremio de los choferes, tendrá que hacer malabarismos para justificar la existencia del Código sin que contradiga la Ley 165, y las normas locales que se basan en ella.

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