Editorial

Conflictiva sanción

El problema parece ser más el diseño de la Ley de Régimen Electoral que su aplicación.

La Razón (Edición Impresa)

00:00 / 22 de marzo de 2015

El viernes explosionó una bomba electoral para el Beni: el Tribunal Supremo Electoral (TSE), reunido en Sala Plena, sancionó a la coalición Unidad Demócrata (UD) suspendiendo su personería jurídica para el departamento e inhabilitando a sus 228 candidatos, entre ellos el postulante a la Gobernación, quien aparecía como favorito en las encuestas de intención de voto.En efecto, a raíz de una denuncia presentada por una candidata a concejal de la agrupación NACER, el Tribunal Electoral Departamental (TED) del Beni tomó conocimiento de una transgresión a la Ley de Régimen Electoral cometida por el jefe de campaña de Ernesto Suárez, postulante a gobernador por UD, cuando divulgó en conferencia de prensa y con gran detalle los resultados de encuestas realizadas por esa agrupación política.

El artículo 136 de la Ley de Régimen Electoral señala que “Las organizaciones políticas que difundan resultados de estudios de opinión en materia electoral, por cualquier medio, serán sancionadas por el Órgano Electoral Plurinacional con la cancelación inmediata de su personalidad jurídica”. El TED beniano se declaró incompetente para tomar semejante determinación, derivando el caso al TSE, que decidió aplicar la norma sin posibilidad de apelación.

A partir de ese momento, la opinión pública se incendió, con toda clase de comentarios deplorando el fallo del TSE, afirmando que responde a los intereses del Movimiento Al Socialismo (MAS) y calificando la determinación como un grave atentado contra la democracia. Irónicamente, en este caso el TSE no hizo más que cumplir la ley al pie de la letra. A su vez, el frustrado candidato de UD pidió calma a sus seguidores y reiteradamente insistió en que “el MAS no va a ganar en el Beni”.

Al margen de la actuación puntual de la máxima instancia electoral, el problema parece ser más el diseño de la ley que su aplicación, pues ha provocado un conflicto entre la aplicación de la norma y los derechos consagrados en la Constitución Política del Estado, al margen de confirmar la imagen de árbitro parcializado hacia el oficialismo, que presumiblemente se beneficiaría en el Beni con la exclusión de UD.

Se ha presentado tardíos amparos constitucionales contra la ya nombrada Ley 026, y hasta denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero incluso si éstos fuesen admitidos (el segundo probablemente no, por cuestiones procedimentales), su tratamiento tomaría más días que los que restan hasta la realización del verificativo, en el que cualquier voto a favor de UD, que figura en la papeleta aunque ya no participe, será declarado inválido. El TSE debe, pues, tener una estrategia muy sólida para salir del conflicto creado, pues, de lo contrario, una vez más será puesta en duda la legitimidad del acto electoral.

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