Editorial

Conflicto electoral

El electorado tiene razones para dudar, una vez más, del árbitro electoral

La Razón (Edición Impresa) / La Paz

00:04 / 16 de enero de 2015

Como se preveía desde diciembre de 2014, cuando el Tribunal Supremo Electoral (TSE) emitió la Circular 071, varios exasambleístas que pretendían postular a cargos electivos en sus respectivos municipios han sido inhabilitados por no haber tenido “residencia permanente” en esos distritos. Al menos cuatro de ellos han anunciado que pelearán por su derecho a ser elegidos.

La citada circular establece que en virtud de las normas vigentes están impedidos de postularse como candidatos a subgobernador, corregidor, ejecutivo seccional de desarrollo, asambleísta regional, alcalde y concejal quienes no tuvieron residencia permanente en el respectivo distrito por dos años consecutivos antes de la fecha de la elección. Desde el primer momento fue evidente que esa disposición afectaría a las y los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional que vivieron y trabajaron en La Paz en su condición de representantes electos de sus circunscripciones y departamentos.

Cuatro asambleístas disidentes del Movimiento Al Socialismo (MAS) que pretendían habilitarse como candidatos a alcaldes de Cercado (Cochabamba), Oruro, Potosí y Santa Cruz son los principales afectados, lo cual ha permitido que se señale que la disposición está explícitamente orientada a evitar su participación en las justas electorales en condición de opositores.Tres de ellos anunciaron que recurrirán al Tribunal Constitucional Plurinacional o a instancias internacionales en defensa de su derecho a elegir y ser elegidos, y el cuarto anunció movilizaciones y otras acciones callejeras de protesta. El miércoles, la exdiputada Rebeca Delgado fue la primera en presentar un amparo constitucional, acción que deberá ser considerada en el Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba para ser admitida o no.

En caso de admitirse ése y otros amparos constitucionales similares, el proceso electoral podría verse cuestionado, lo cual pondrá en serias dificultades a los vocales del TSE, quienes hasta ahora han insistido en que su determinación se apega estrictamente a la ley y a la Constitución Política del Estado, pese a que es evidente que quienes no tuvieron “residencia permanente” en sus ciudades de origen estaban cumpliendo un mandato popular y conservaron tanto su domicilio como sus vínculos con esas ciudades. Irónicamente, la disposición del TSE no impide que exasambleístas postulen al cargo de gobernador, por lo que un exdiputado del MAS ha podido postularse a la Gobernación de Potosí, alimentando la sospecha de que en el fondo hay un interés político antes que normativo.

El conflicto, anunciado desde hace semanas, ya se ha iniciado, y está en manos de los órganos Judicial y Electoral encontrarle una salida aceptable tanto para las y los afectados como para el electorado, que tiene razones para dudar, una vez más, del árbitro electoral.

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