Editorial

Conflictos sin resolver

La venta de ropa usada en el país es un conflicto cuya solución se viene postergando

00:57 / 22 de abril de 2017

Nuevamente los comerciantes de ropa usada están protagonizando movilizaciones contra un proyecto de ley que establece los mecanismos para controlar la prohibición que pesa sobre la venta de sus productos en el mercado boliviano. Este es un conflicto cuya solución se viene postergando. Quizás es tiempo de reflexionar sobre opciones realistas para tratar la temática.

Desde 2014 está vigente el Decreto Supremo 28761, que prohíbe la importación y venta de ropa usada en todo el territorio nacional. Las razones de esa disposición apuntan a proteger la industria textil boliviana y por sus posibles afectaciones en la salud pública, al tratarse de bienes de un origen desconocido. Sin embargo, en la práctica, estas disposiciones no se han logrado aplicar, por el rechazo de los comercializadores de ropa a medio uso, algunos de ellos con gran poder económico, y con la capacidad para movilizar a miles de pequeños comerciantes que consideran que se verán afectados por la norma. Por el otro lado, las organizaciones de pequeños y medianos productores reclaman su aplicación estricta.

En todos estos años el conflicto se ha mantenido latente, el Gobierno ha intentado desincentivar el negocio de venta de ropa usada ofreciendo créditos a los comerciantes para su reconversión, que han sido muy poco utilizados. Es decir, las medidas no han prosperado y se han agotado las opciones para una gestión ordenada del problema. Ahora está en debate un proyecto de ley que otorga la competencia de control de este comercio a los gobiernos municipales, que serían los responsables de garantizar que la prohibición se cumpla. 

Sin embargo, nuevamente esta acción produce masivas protestas callejeras de parte los afectados, y seguramente respuestas del mismo tono de los pequeños y medianos productores. Estas reacciones son tan previsibles que sorprende que las autoridades no las hayan considerado al momento de lanzar estas nuevas medidas. Dados los antecedentes, no sorprendería que en las próximas semanas se opte por seguir posponiendo decisiones para apaciguar el conflicto.

La tendencia que a veces existe en muchas autoridades de complacer a un sector sin analizar las consecuencias globales que implican tales decisiones no es una buena práctica. En esos casos hay una alta probabilidad de que se tenga que retroceder o que se deba buscar salidas que solo postergan el conflicto, “pateando la pelota para adelante”, como se diría coloquialmente. Esas acciones solo debilitan la confianza y la credibilidad en las instituciones estatales. Quizás sería mejor impulsar un diálogo con todos los involucrados, asumiendo el problema en todas sus aristas y, sobre todo, desechando soluciones unilaterales que en la práctica no tienen posibilidad de ser ejecutadas. Este es un camino más difícil al inicio, pero más efectivo para preservar la autoridad del Estado.

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