Editorial

Consulta previa

De esta consulta depende la relación entre el Estado y los pueblos indígenas

La Razón / La Paz

01:00 / 21 de junio de 2012

El martes último, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió su Sentencia 300, estableciendo la constitucionalidad de la consulta previa a los habitantes del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), pero condicionando algunos artículos a la realización de un proceso de consenso sobre los detalles entre el Estado y los consultados.

En febrero, días después de su promulgación, diputados del opositor Movimiento Sin Miedo (MSM) demandaron la inconstitucionalidad de la Ley 222, de consulta previa a los habitantes del TIPNIS respecto de la construcción de un tramo de la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos, alegando que dicha consulta no era “previa”, pues ya se habían realizado acciones administrativas y la construcción del camino había sido iniciada.

La sentencia del TCP señala en su parte resolutiva que el artículo 1 de la Ley 222, en la parte en la que se convoca al proceso consultivo, es constitucional, y luego declara la “constitucionalidad condicionada” para los artículos de la Ley 222 que tienen que ver con el desarrollo o aplicación de la consulta: el artículo 3, ámbito de la consulta; el 4, la finalidad de la misma; el 6, las obligaciones de los Órganos del Estado en el proceso; y, el 9, las etapas de la consulta.

Asimismo, el Tribunal “insta” a los pueblos indígenas del TIPNIS a participar de “un diálogo con el Estado”, para llevar adelante la consulta (señalada como derecho irrenunciable); “exhorta” a la Asamblea Legislativa a que contribuya con la concertación; y le dice al Órgano Ejecutivo que propicie y facilite el diálogo con los indígenas para desarrollar la consulta.

En los hechos, según juristas que comentaron la sentencia luego de que se hizo pública, la consulta está paralizada hasta que se satisfagan los condicionamientos, pero ciertamente ni la declara inconstitucional, como pretendían los opositores al Gobierno, ni prohíbe su realización, sino que obliga al Gobierno a mejorar el procedimiento y, sobre todo, asegurar el cumplimiento de las condiciones establecidas en la Constitución Política para este tipo de procesos.

Por otra parte, cabe destacar que el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa, como se demostró en un extenso reportaje publicado meses atrás por La Razón, nunca fue una concesión de los Estados, sino fruto de la movilización de los interesados. Asimismo, otras investigaciones demostraron que, al menos en América Latina, no existen casos en los que la consulta a pueblos indígenas haya sido efectivamente previa, lo cual no significa que sea aceptable hacerlo de esa manera.

El Gobierno tiene, pues, una gran tarea, pero sobre todo poco tiempo, para demostrar que hay gran interés en la realización de esta consulta, de la cual depende, más que la carretera, la relación entre Estado y pueblos indígenas.

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