Editorial

Control de armas

Se deben prever estrategias para identificar a quienes poseen armas no registradas

La Razón (Edición Impresa) / La Paz

02:21 / 04 de septiembre de 2015

Un Estado que no controla el armamento que hay en su territorio no está en condiciones de responder a las tareas de seguridad estatal y ciudadana; son palabras del Ministro de Gobierno, al iniciarse el registro voluntario de armamento, previsto en la ley del sector. El paso no es menor, pues se conoce solo parcialmente cuántas armas hay en Bolivia y quién las posee.

En efecto, hasta ahora, los registros oficiales muestran que de las 7.300 armas registradas, 2.808 (38,46%) están en Santa Cruz; 2.653 (36,34%) en La Paz y 1.068 (14,63%) en Tarija. Luego aparecen Oruro (569), Cochabamba (114), Chuquisaca (48), Beni (38), Potosí (8) y Pando, sin ninguna registrada. Sin embargo, es evidente que se trata de la minoría de las armas que hay en manos de los habitantes del país. La Ley 400 reconoce cuatro categorías de armamento que puede estar en manos de civiles: aquellas empleadas para defensa personal; las empleadas para práctica deportiva; las que se emplean para la cacería; y las antiguas y de colección.

Cualquiera que conozca el ámbito rural, así sea de modo somero, especialmente en tierras bajas, sabe que toda persona tiene un arma de caza, y es fácil imaginar que ninguna de ellas está oficialmente registrada, pues pasan de mano en mano, de padres a hijos, de hermano a hermano o cualquier otro modo de asociación que tengan los individuos. El punto aquí es señalar la dificultad inherente a la tarea de lograr el registro voluntario de armas entre esas personas, quienes además no siempre están cerca de los centros urbanos donde se realiza el empadronamiento.

Lo dicho no significa de modo alguno que la tarea esté condenada a fallar, sino que debe tomarse en cuenta que, una vez terminados los 180 días previstos para el registro voluntario de armas, hará falta que las autoridades implementen, por una parte, estrategias efectivas para identificar a quienes poseen armamento no registrado para obligarles a declararlo y, por otra, que la ley y las sanciones previstas en ella sean efectivamente aplicadas, pues de otro modo en pocos años la sociedad estará debatiendo nuevamente la necesidad de controlar la tenencia y el uso de armas en el país, especialmente cuando se produzcan crímenes concomitantes con esta causa.

Tanto el Ministro de Gobierno como su viceministro han sido claros en señalar que el tema de las armas de fuego está relacionado con actividades delictivas como el narcotráfico, el contrabando y los asesinatos. Es obvio que quienes se dedican a estas actividades no tienen interés en registrar sus instrumentos de trabajo (por llamarlos de algún modo), por lo que una aplicación creativa, pero sobre todo realista de la norma es lo que se espera de quienes están llamados a asegurar que el monopolio de las armas siga en manos de las instituciones designadas constitucionalmente para ese fin.

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