Editorial

Corporativismos

Las comunidades a menudo caen en la búsqueda excluyente de beneficios para sí.

La Razón (Edición Impresa)

00:55 / 25 de agosto de 2016

Uno de los rasgos más notables de la sociedad boliviana es su herencia comunitaria. Sin embargo, las comunidades (étnicas, culturales o comerciales) a menudo caen en la búsqueda excluyente de beneficios para sí y, cada vez con mayor frecuencia, están dispuestas a vulnerar derechos de otros grupos o del colectivo social con tal de obtener o conservar privilegios.

Tres casos recientes en la agenda noticiosa ilustran lo señalado. El primero es el de las vendedoras de carne de cerdo en la calle Incachaca, en la ciudad de La Paz. La madrugada del sábado, cuando los bomberos y trabajadores municipales combatían el feroz incendio que consumió un edificio de cinco pisos, las vendedoras se acomodaron en el sitio donde tradicionalmente hacen su comercio y se rehusaron a salir de allí, impidiendo el paso de los camiones cisterna que debían reabastecerse de agua; el tamaño de la tragedia que se vivía a pocos metros de ellas no pareció conmoverlas. Y hoy se aprestan a dar batalla al Gobierno Municipal, que necesita liberar la calle para el ingreso y salida de los camiones con material de la demolición del sitio siniestrado, y para ello han garantizado el apoyo de la Federación de Gremiales, quienes a su vez se oponen a un proyecto de ley municipal que les obligará a reempadronarse para seguir vendiendo en las calles. Mañana, cuando algún grupo de gremiales sufra una tragedia semejante, seguramente pedirán apoyo a la Alcaldía.

El segundo caso ocurrió en Cochabamba, donde el Gobernador tuvo que suspender la apertura de las exclusas de la represa de La Angostura, cuya agua servirá para regar los campos del Valle Bajo, hoy afectados por la sequía. Los comunarios y regantes del Valle Alto se oponen, argumentando que la cantidad de agua en el embalse es muy poca. De nada ha servido que la máxima autoridad del departamento haya explicado que el nivel del agua está por encima del mínimo necesario. En el futuro, cuando estén sufriendo algún desastre ambiental, seguramente exigirán a la Gobernación que les ayude.

Por último, el caso más conspicuo es el de los cooperativistas mineros, que al parecer no escatimarán recursos para conservar su derecho a explotar a sus trabajadores, impidiéndoles la libre sindicalización; además de exigir la flexibilización de la norma ambiental y la autorización para celebrar contratos de riesgo compartido para que empresas privadas exploten los parajes que les fueron concedidos, en franca vulneración de la norma constitucional. Mañana, cuando el negocio minero vuelva a flaquear, volverán a movilizarse exigiendo ayuda del Gobierno.

Son apenas tres ejemplos de una práctica que se extiende a toda la sociedad y daña profundamente el tejido social. Años atrás fue caracterizada como “tensiones creativas del proceso”, el problema es que está a punto de impedir el sano desarrollo económico, político y social.

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