Editorial

Cumbre social

Esta semana se realizará la cumbre social convocada por el Presidente del Estado para definir y analizar la nueva agenda económica del país. El momento para esta reunión parece propicio, por cuanto varias de las medidas trazadas al inicio de la primera gestión del presidente Morales ya fueron efectuadas, como él mismo señaló el día que convocó al encuentro.

La Razón

04:00 / 05 de diciembre de 2011

Asimismo, han cambiado varias condiciones que eran muy poco visibles hace seis o siete años. Primero, la mayor parte de la generación del excedente económico está hoy en manos del Estado. Segundo, los bonos Juancito Pinto, Juana Azurduy y Renta Dignidad se han consolidado como políticas de Estado. Tercero y más importante, las grandes mayorías de origen indígena-popular saben hoy que entraron al escenario político para quedarse, y ése es un logro que permanecerá como un rasgo permanente de inclusión en la política boliviana de ahora en más.

Otro aspecto que ha cambiado dramáticamente en las últimas décadas, y que en parte explica también la emergencia de las capas indígena-populares en la política boliviana, es la multiplicación de canales de movilidad social, que han reconfigurado dramáticamente la composición de las élites económicas en nuestro país, tal como lo refleja el último informe temático para Bolivia del Programa de las Naciones Unidas, titulado “Los cambios detrás del cambio”.

En dicho informe, cuya lectura es recomendable en estos momentos de ajuste de trayectorias de las políticas públicas, se describe con nitidez una serie de vías de movilidad social en Bolivia y una serie de rasgos de nuevas élites económicas que caen fuera de los conceptos y esquemas mentales que han sido familiares a las ciencias sociales en nuestro país en las últimas décadas, de claro origen extranjero.

Por supuesto, la contraparte de lo aquí anotado es la reconfiguración de las élites. Es a partir de la emergencia de actores y segmentos anteriormente no prominentes que se complejiza la trama de demandas sociales y se hace patente la necesidad de renovados canales de comunicación y de interacción entre el Ejecutivo y las nuevas élites. De momento, cabe averiguar en cuál de las categorías de organizaciones de la sociedad civil, que han sido listadas en la convocatoria pública del Gobierno, se inscriben cada uno de los grupos de las nuevas élites en Bolivia, que con justicia demandarán ser reconocidas como interlocutores.

Sin duda, del empeño que pongan los organizadores de la cumbre social en asegurar la inclusión de todos los segmentos sociales, al margen de las etiquetas que puedan portar, dependerá no sólo la legitimidad de las decisiones que allí se adopten, sino sobre todo la capacidad de afrontar los previsibles cuestionamientos que harán todos los segmentos que ora se abstengan de participar, ora no sean convocados por sus posicionamientos políticos.

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