Editorial

Decisión equitativa

Urge trabajar en una nueva ley que ponga orden el negocio de la minería

La Razón

00:14 / 01 de octubre de 2012

Finalmente, después de dos semanas de tensión y violencia, que incluyó la muerte de uno de los mineros movilizados, el sábado se ha dado solución al conflicto por la mina Colquiri, suscitado entre mineros cooperativistas y trabajadores asalariados de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol). Ojalá esta vez el acuerdo satisfaga a ambos grupos y acabe ese conflicto.

En efecto, aunque parezca de sentido común, llegar al acuerdo mediante el cual ambos sectores deponen las medidas de presión y se comprometen a reencauzar la pacífica convivencia, y que consiste en que la veta Rosario, considerada la más rica del yacimiento, será explotada en partes iguales por la empresa estatal de minería y la Cooperativa 26 de Febrero, tomó más tiempo del que sería razonable esperar.

Durante el conflicto, ambos sectores mostraron posiciones intransigentes, pese a que, irónicamente, los dos grupos sostuvieron una posición “nacionalista”. Al respecto, en su momento, el Presidente del Estado fue muy enfático al afirmar que, luego de la expropiación de la concesión que tenía la transnacional propietaria de la empresa Sinchi Wayra, el yacimiento es boliviano, sin importar si lo explota la empresa pública o las cooperativas.

Asimismo, el convenio firmado entre las autoridades del Ejecutivo y representantes de la Central Obrera Boliviana (COB), la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), la Cooperativa 26 de Febrero y el Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de Colquiri, y otros, especifica que deberá promulgarse, hasta hoy, un decreto supremo que posibilite una norma para penalizar los avasallamientos de minas, otorgando seguridad jurídica al sector, afectado en los últimos años por recurrentes tomas de minas por parte de sectores interesados en beneficiarse también de la bonanza producida por los altos precios internacionales de los minerales.

En el curso del conflicto, además, se hizo evidente la enorme diferencia que hay en el tamaño del aporte al país que hacen los diferentes sectores mineros en el país: la mal llamada “minería mediana” es la que concentra no sólo la mayor cantidad de trabajadores, sino también la mayor cantidad de tributos y regalías, seguida de la minería estatal, que cuenta con la menor cantidad de trabajadores asalariados y recién en tercer lugar las cooperativas mineras, que pese a sumar la segunda mayoría de trabajadores, es la que menos renta produce para las arcas públicas.

Corresponde ahora que las autoridades del sector comiencen a trabajar en una nueva ley minera que ponga orden en ese negocio, no sólo para evitar nuevos enfrentamientos entre hermanos, sino también para que todos puedan beneficiarse de la explotación de la riqueza natural a tiempo de aportar equitativamente al Estado.

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