Editorial

Defensor del Pueblo

El rol constitucional de la Defensoría es defender a la población de los abusos del Estado.

La Razón (Edición Impresa)

00:00 / 15 de mayo de 2016

Ayer, luego de un breve pero muy publicitado proceso, fue posesionado el nuevo Defensor del Pueblo, máxima autoridad ejecutiva de la Defensoría, que tiene la misión constitucional de velar por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos, individuales y colectivos. El nuevo Defensor viene de haber trabajado para el Órgano Ejecutivo.

El dato, que sin dejar de ser importante, ha sido tal vez el único rasgo que se ha destacado de David Tezanos Pinto-Ledezma en un sector de la opinión pública y los medios de comunicación. No es menor el dato que venga de haber trabajado como Director Nacional del Servicio Plurinacional de Defensa Pública, dependiente del Ministerio de Justicia, pero tampoco significa que por eso carezca de independencia, como han señalado algunos sectores de la oposición.

El nuevo Defensor del Pueblo llega para seguir la senda iniciada por Ana María Romero de Campero, continuada por Waldo Albarracín Sánchez, por Rielma Mencias Rivadeneira (quien fungió como Defensora interina por poco más de un año) y, recientemente, por Rolando Villena Villegas. Todos los antecesores de Tezanos tienen algo en común: en determinados momentos fueron incómodos al Gobierno.

La razón es simple: su mandato constitucional indica que la “función de la Defensoría alcanzará a la actividad administrativa de todo el sector público y a la actividad de las instituciones privadas que presten servicios públicos”. Y su nombre significa que defiende a la población de los abusos de parte del Estado, principal vulnerador de derechos humanos debido a que es la instancia que firma y se compromete a cumplir los pactos, tratados y toda suerte de acuerdos internacionales en la materia. El reto que tiene por delante el nuevo Defensor es, precisamente, demostrar que tiene claro este principio.

Por otra parte, la susceptibilidad que ha sido alimentada por el dato de su historia laboral (recuérdese que trabajó en Defensa Pública, es decir la instancia que provee abogados defensores a los privados de libertad que no pueden pagárselos), es muy similar a la que tuvo que afrontar su antecesor, también víctima de la desconfianza de sectores políticos que demuestran continuamente su habilidad para desacreditar actos y decisiones del Gobierno en función del discurso político y no necesariamente de la realidad. Tras cinco años de gestión, el saliente Defensor demostró todo lo contrario.

Tiene, pues, el nuevo Defensor del Pueblo una muy grande tarea al frente, ésta incluye no solo cumplir y hacer cumplir las normas nacionales e internacionales de DDHH, sino también tener la fuerza suficiente para hacer frente a las autoridades del Estado (no solo del Gobierno) y ponerse, siempre, de parte de las personas que necesiten apoyo y orientación. Defender los derechos humanos, por muy progresista que sea el Gobierno, es siempre una tarea inconclusa.

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