Editorial

Derecho a decidir

El aborto, sin ser deseable para nadie, es una realidad que tiene que ver con la salud pública.

01:12 / 29 de septiembre de 2016

Ayer, como todos los años, parte del mundo recordó el Día Internacional por la Despenalización del Aborto, cuando las movilizaciones callejeras y el debate público alcanzan su punto máximo de visibilidad. En La Paz se realizó una marcha en la mañana, y las instituciones y activistas reflexionaron sobre el hecho de que “más allá de la criminalización, las mujeres abortan”.

El aborto es un asunto con múltiples aristas, muchas de ellas difíciles de abordar; empero, es necesario insistir en la más básica de ellas: pertenece al ámbito de los derechos humanos de las mujeres. Cada vez que una mujer pone en riesgo su vida al acudir a un médico para la interrupción voluntaria de un embarazo, la sociedad y el Estado son también responsables del resultado, pues en la mayoría de los casos lo hacen en condiciones precarias derivadas, precisamente, de la criminalización de este acto, que sin ser deseable para nadie es una realidad, más dramática aún en la medida en que es negada.

Respecto de las posturas religiosas que no solo se oponen al aborto no punible, sino que incluso se niegan siquiera a debatir al respecto, hay que recordar que ciertamente no tiene nada de caritativo defender la vida del ser que aún está en el vientre materno cuando no se hace nada por garantizar una vida digna a esa mujer a la que se pretende obligar a ser madre en contra de su voluntad.

Cuando se habla de derechos humanos de las mujeres se hace referencia igualmente a la dignidad inherente a éstas, pero también al derecho a decidir sobre su cuerpo y su vida. Y es también una vulneración de sus derechos siquiera suponer que el aborto puede ser empleado como un método más de control de natalidad, cuando en los hechos es una tragedia en la vida de cualquier mujer, y por ello debe ser comprendido como una solución de emergencia.

Finalmente, despenalizar el aborto tiene que ver con la salud pública, pues además de evitarse las criminales circunstancias de cualquier intervención furtiva, es posible llevar un control de quienes practican este tipo de intervenciones y exigirles estándares de calidad mínimos, los mismos que están disponibles solo para quienes tienen dinero suficiente para costearse la atención privada de salud. Mientras haya mujeres muriendo por malas prácticas de salud, el Estado merece ser cuestionado por no hacer lo suficiente, no a través del Ministerio Público o el sistema judicial, sino a través de las instituciones llamadas a cuidar la salud y la vida de las personas.

Hay mucho que debatir y, sobre todo, hacer en torno al aborto no punible, comenzando por reconocer que allí donde se despenalizó, su práctica no solo no se incrementó, sino que también disminuyeron los costos derivados de la morbilidad asociada con la práctica clandestina. Es tiempo, como venimos diciendo en este mismo espacio desde hace años, de tomar el tema en serio.

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