Editorial

Derecho a la salud

Muchos de los galenos dedican el tiempo libre no al estudio, sino a la práctica privada

La Razón / La Paz

01:24 / 31 de marzo de 2012

El conflicto entre el Gobierno y los médicos que trabajan para el sector público se ahonda sin que hasta ayer, al cumplirse el tercer día de paro de actividades en contra del decreto que instruye ocho horas de trabajo diario para el sector, hubiese algún viso de acercamiento. Mientras tanto, la población está impedida de acceder a su derecho humano a la salud.

La situación es preocupante, y así lo hizo notar la Defensoría del Pueblo en un comunicado divulgado ayer, en el que se señala que la extrema medida asumida por los profesionales médicos y los trabajadores en salud del país, “vulnera el derecho fundamental a la salud y a la vida, principalmente de aquellos grupos más vulnerables como son las personas adultas mayores, mujeres embarazadas, niños y niñas y sectores más empobrecidos”. El documento añade que la Constitución Política del Estado (CPE), en su artículo 38, numeral II, establece que “los servicios de salud serán prestados de forma ininterrumpida”.

El origen del conflicto, que en las anteriores semanas ya causó similares problemas pues el paro indefinido de ahora viene precedido de paros de duración escalonada y constantes movilizaciones en las calles, está en el DS 1125, aprobado el 24 de enero, que dispone la suspensión de una medida que data de la década de 1960, cuando se decidió que los galenos trabajarían sólo seis horas diarias a cambio de dedicar las dos restantes a actividades de capacitación y actualización continua. Los médicos manifiestan estar dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias con tal de no renunciar a este derecho adquirido, pese a que una mayoría de ellos dedica el tiempo libre no al estudio, sino a la práctica privada.

Otro elemento que incide fuertemente en la decisión gubernamental es la evidencia, de sobra conocida por la población, que la atención médica en hospitales públicos es, además de deficiente en gran parte de los casos, insuficiente para cubrir la gran demanda de servicios médicos, desde consultas externas hasta cirugías, pasando por todas las demás prestaciones clínicas.

Asimismo, durante las últimas semanas, ha sido evidente el apoyo de la población a la decisión gubernamental, en desmedro de la posición de los galenos, debido precisamente a los elementos arriba citados y que hasta ahora sólo habían sido suficientemente señalados en el marco del debate público sobre la todavía pendiente reestructuración de la Caja Nacional de Salud (CNS).

Es, pues, tiempo de abrir un amplio y generoso debate sobre el estado de la salud pública en Bolivia, caracterizada hoy por la intransigente actitud de los médicos y demás trabajadores del sector. Cambiar el actual estado de cosas requiere, además de un mejor régimen laboral, una nueva actitud de parte de quienes son responsables de garantizar la salud y la vida de las personas.

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