Editorial

Derechos Humanos

Es obligación del Estado crear las condiciones para el ejercicio igual de las libertades

La Razón / La Paz

03:00 / 10 de diciembre de 2011

Hoy se conmemora el aniversario de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, un paso trascendental en la búsqueda de un sistema mundial equitativo, constituido por Estados que respeten y se aseguren de que las personas gocen de los derechos humanos; algo fundamental “para la libertad, justicia y paz en el mundo”, como señala la ONU.La necesidad de reconocer a los derechos humanos, íntimamente ligados a la dignidad de las personas, surgió luego de la Segunda Guerra Mundial, como una manera de defender al individuo contra las tiranías políticas, y restringir los límites de cualquier poder estatal sobre los ciudadanos. En este sentido, el espíritu de esta declaración se halla ceñido en gran medida por la revolución universal contra el nazismo, el fascismo, el totalitarismo. Pero para emanciparse de las amenazas de estos sistemas resulta indispensable que los Estados se comprometan a respetar esos derechos; pero también que las personas reconozcan su importancia y se manifiesten activamente para que todos puedan gozar de estas libertades.

Ahora bien, esta declaración de 1948 carece de naturaleza jurídica; sin embargo, existe un amplio consenso al momento de afirmar que los derechos humanos no solamente deben ser el fundamento de mayor peso en las constituciones estatales, sino que además deben emplearse como el principal criterio para elaborar las normas legales y conceptualizar los regímenes políticos. Y este reconocimiento es una manera de contrarrestar el argumento de plena soberanía que un gobierno puede esgrimir para justificar delitos contra la humanidad en su territorio.

Una de las formas más aceptadas de clasificar estos derechos es la llamada tres generaciones, conceptualizada a partir de las tres nociones que fueron la consigna de la Revolución Francesa: libertad, igualdad, fraternidad. La primera comprende los derechos fundamentales civiles y políticos (el derecho a la vida, a la libertad de pensamiento, de expresión y de opinión). Dentro de la segunda generación figuran los derechos económicos, sociales y culturales, el caso por ejemplo del derecho al trabajo, a la salud, educación o de participar en la vida cultural del país. Por último, aparecen los derechos de solidaridad, como el derecho a la paz,   a la autodeterminación de los pueblos o a vivir en un medio ambiente sano.

Finalmente, debemos recordar que no se puede hablar de una verdadera democracia sin el Estado de derecho, entendido como legalidad reconocedora y amparadora de los derechos humanos ampliados; y después como el reconocimiento de la ley como expresión de la voluntad popular, enunciada por medio del sufragio. Tampoco podemos olvidar que es obligación del Estado crear las condiciones necesarias para el ejercicio igual de las libertades, bajo el imperio de la ley.

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