Editorial

Derechos indígenas

Al presentar el informe titulado Sin pueblos indígenas no hay Estado Plurinacional, que condensa el trabajo de los últimos cinco años realizado por la Defensoría con este grupo de la población, el titular de la institución instó a las comunidades indígenas a que superen divisiones internas y se unan para defender sus derechos y evitar así su desaparición a manos del Estado, que podría terminar por “designarlos como grupos minoritarios sin prerrogativas y sin voz”.

La Razón (Edición Impresa) / La Razón / La Paz

06:40 / 10 de mayo de 2016

A pocos días de terminar su mandato, el defensor del Pueblo, Rolando Villena, presentó recientemente un informe sobre el estado de los derechos humanos de los pueblos indígenas del país. Las conclusiones del estudio son poco halagüeñas, pues teme por el futuro de estos pueblos que hacen al Estado Plurinacional. El Gobierno está en desacuerdo

Al presentar el informe titulado Sin pueblos indígenas no hay Estado Plurinacional, que condensa el trabajo de los últimos cinco años realizado por la Defensoría con este grupo de la población, el titular de la institución instó a las comunidades indígenas a que superen divisiones internas y se unan para defender sus derechos y evitar así su desaparición a manos del Estado, que podría terminar por “designarlos como grupos minoritarios sin prerrogativas y sin voz”.

Asimismo, el Defensor pidió a las propias comunidades indígenas del país que construyan y practiquen la igualdad entre ellos. “Ya no se puede permitir, a nombre de visiones y concepciones, costumbres o justicia comunitaria, que siga vigente la violencia hacia las mujeres y las personas adultas mayores”, sostuvo.

La razón detrás de la alarmante declaración del Defensor está en que, desde su perspectiva, “los pueblos indígenas están siendo peligrosamente afectados por una serie de acciones y omisiones desarrolladas desde el Estado, que parecen mostrar un interés por mantenernos en modelo colonial”.

La autoridad agregó que basa su afirmación en evidencia recolectada por la Defensoría que demuestra que el Gobierno está “instrumentalizando y dividiendo a sus organizaciones y desvirtuando sus reivindicaciones para incorporarlas en un sistema impuesto y vertical, cuya única orientación es el crecimiento económico”. El resultado, piensa, será una limitación al derecho de los indígenas a “decidir por sí mismos qué modelos de desarrollo quieren seguir”.

Es previsible que estas declaraciones profundicen aun más la brecha entre la institución nacional de derechos humanos y las autoridades de gobierno, que han señalado en varias ocasiones una actuación política y no estrictamente técnica del Defensor. Sin embargo, será deseable que las autoridades también tomen el informe con la seriedad que merece, y en lugar de descalificarlo provean información y evidencia que muestre el verdadero avance de los pueblos indígenas en el país.

Aunque constitucionalizados, los derechos de grandes colectivos (incluidos los pueblos indígenas) todavía no pueden considerarse realizados, ora porque el Estado no los ha priorizado, ora porque se trata de un proceso de muy largo aliento. Es posible que el informe defensorial no sea solo un instrumento político (aunque haya medios de comunicación que así lo interpreten), y que de él puedan extraerse importantes consejos para profundizar las conquistas de los pueblos indígenas.

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