Editorial

Despedida de Jindal

El desarrollo del proyecto, históricamente retrasado, vuelve a detenerse.

La Razón

01:39 / 10 de junio de 2012

La empresa india Jindal Steel & Power, a través de su subsidiaria en Bolivia, decidió resolver el contrato de riesgo compartido, firmado con el Estado boliviano en 2007, para la explotación e industrialización del hierro del Mutún. El desarrollo del proyecto, históricamente retrasado, vuelve a detenerse, postergando las ambiciones de desarrollo.

La decisión de la siderúrgica india, comunicada oficialmente el viernes a la Empresa Siderúrgica Mutún (ESM), era prácticamente un hecho desde marzo, cuando los ejecutivos de la planta ubicada en las cercanías de Puerto Suárez, en Santa Cruz, decidieron suspender operaciones.

Alegando incumplimientos del Estado boliviano, tales como incompleta transferencia de los terrenos prometidos y, sobre todo, insuficiente gas natural para la generación de energía, la Jindal Steel Bolivia incumplió sus compromisos de inversión y, consecuentemente, los plazos de ejecución del proyecto, provocando en 2010 la ejecución de dos boletas de garantía por un monto equivalente a $us 18 millones, situación que motivó el inicio de un proceso de arbitraje en Francia.

La ejecución de la tercera boleta de garantía, hace un mes, debido a que, como en los anteriores casos la empresa india no había realizado los trámites de renovación de la misma, significó para ambas partes el inicio de los procedimientos para concluir el contrato. Mientras tanto, quedaron abiertas las posibilidades de seguir discutiendo la continuidad del proceso, lo que permitió a la Jindal proponer una reducción de hasta 71% en los volúmenes de producción comprometidos.

Asimismo, luego de iniciarse los trámites para la transferencia del dinero de la boleta de garantía a cuentas del Tesoro General del Estado, el Ministro de Minería hizo notar que si Jindal solicitaba la resolución del contrato, no habría daño económico para el Estado, sugiriendo de esta manera un camino más aceptable para todas las partes.

Mientras tanto, el Comité Cívico de Puerto Suárez, impotente y al mismo tiempo representativo de los anhelos de esa población, amenazó con iniciar movilizaciones de protesta contra la decisión de romper el contrato, mas en los hechos es poco lo que puede hacer la sociedad civil en ese caso, fundamentalmente frente a la evidencia de que Jindal no se ha mostrado ni dispuesta ni capaz de efectivamente desarrollar ese proyecto.

Ciertamente, numerosos obstáculos burocráticos, políticos y geográficos, particularmente estos últimos, dificultan la ejecución del proyecto de minería e industrialización del yacimiento. Sin embargo, está suficientemente demostrado que no existe proyecto imposible para la ingeniería minera, lo que debería motivar al Estado a ponerle prisa a la búsqueda de un nuevo socio, pues no debe permitirse un fracaso en la industrialización del hierro boliviano.

Peligrosos criminales

El 25 de mayo, un policía de 33 años fue linchado en Ventilla (El Alto) por una turba que lo confundió con un delincuente, por cuanto se encontraba vestido de civil, en estado de ebriedad y lejos de su vivienda. Inmediatamente después, llamaron a sus familiares y les obligaron a firmar un desistimiento antes de entregarles el cuerpo.

Hasta la semana pasada, un oficial de Policía estaba investigando este crimen. No obstante, el 30 de mayo, el uniformado fue interceptado a la altura de la Ceja de El Alto por cuatro sujetos que lo asfixiaron con una chalina. Su intención no era asesinarlo sino amedrentarlo para que deje de indagar la muerte de su compañero. En efecto, antes de dejarlo inconsciente, le advirtieron que no iban a permitir que ningún policía ingrese a la zona donde fue linchado el sargento Rolando Guarachi, ni tampoco que se aprehendan a los sospechosos.

Por el comportamiento de estos sujetos, que golpearon cobardemente a un hombre inocente, lo dejaron morir, después secuestraron y extorsionaron a sus familiares, y ahora se han organizado para amedrentar a los policías con el fin de sortear sus responsabilidades, puede inferirse que detrás de estos hechos no se encuentran vecinos comunes, sino peligrosos criminales que urge aprehender y procesar.    

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