Editorial

Drama carcelario

Estos hechos son resultado de la negligencia con la que se gestiona las cárceles del país

La Razón (Edición Impresa) / La Paz

03:37 / 19 de septiembre de 2014

A poco más de un año de la tragedia que cobró varias vidas en el penal de Palmasola en Santa Cruz de la Sierra, la cárcel de máxima seguridad de El Abra en Cochabamba acaba de ser escenario de una trifulca entre privados de libertad. La balacera no solo produjo muertos y heridos, sino que también le ha costado el cargo, hasta ahora, a dos autoridades del ámbito penitenciario.

En efecto, como resultado de lo sucedido en la madrugada del domingo en el penal cochabambino, cuando facciones de privados de libertad se enfrentaron con armas de fuego, dejando 4 muertos y 11 heridos, entre ellos el cabecilla de una banda y principal extorsionador del recinto, la investigación iniciada por el Ministerio Público detectó responsabilidad en la máxima autoridad departamental del sistema penitenciario, y decidió apartarlo de su cargo y ordenar su detención preventiva. A su vez, ayer, el Comandante Departamental de Policía en Cochabamba renunció a su cargo para ponerse a disposición de la Justicia.

No era para menos, pues, según los testimonios recogidos desde que se supo lo ocurrido, llamó la atención el hecho de que el Director Regional de Régimen Penitenciario no solo había autorizado la realización, dentro del penal, de una pomposa fiesta en honor de la Virgen de Urkupiña, sino que había sido uno de los asistentes. Según se supo, la balacera se produjo como resultado del hastío de los internos por los cobros excesivos de parte de algunos internos a título de “derecho de piso”, “alquiler” de celdas y “seguro de vida”, que además eran socapados por la ahora exautoridad.

A su vez, el ahora excomandante departamental tuvo que dejar el cargo agobiado por acusaciones de violencia intrafamiliar conocidas días atrás, cuando tuvo el desacierto de amenazar a una periodista que investigaba el caso, y por el hecho de que los policías responsables de la custodia del penal estaban, como cualquier otro uniformado en Cochabamba, bajo su mando. No debería extrañar que el Gobernador del penal corra la misma suerte, lo mismo que el resto del personal policial.

Más allá de este caso específico, que resulta más que preocupante, cabe recordar que lo sucedido el fin de semana en El Abra, al igual que lo de hace un año en Santa Cruz, o antes de eso en Chonchocoro o en San Pedro en La Paz, es solo el resultado de la negligencia absoluta con que se gestiona el régimen penitenciario en el país.

Mientras las autoridades del Ministerio de Gobierno, de la Policía Nacional y del Órgano Judicial no se den cuenta de que las cárceles no son depósitos de personas que no pudieron demostrar su inocencia o comprar su libertad, éstas seguirán siendo tierra fértil para la reproducción de la violencia y las múltiples manifestaciones del crimen, y como siempre será el conjunto de la sociedad el que pague las consecuencias.

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