En río revuelto. En medio de preguntas y algunas contradicciones sobre el alcance de la red de extorsionadores que involucra a funcionarios del Ejecutivo y a miembros del Ministerio Público y del Órgano Judicial, algunos legisladores de la oposición pretenden valerse de este escándalo, aún en etapa de investigación, para relacionarlo forzadamente con procesos judiciales que, en principio, no tienen relación con la mencionada banda.

Es el caso de los partidarios del exprefecto de Cochabamba (revocado por voto popular en 2008), Manfred Reyes Villa, quien enfrenta juicios por presuntos delitos de corrupción y daño económico al Estado. Según diputados de Convergencia Nacional (CN), cualquier sentencia judicial condenatoria de su jefe —actualmente prófugo de la justicia— sería resultado de la extorsión y manipulación desde el Gobierno.

Esta “estrategia” para liberar de culpa al excandidato presidencial (derrotado en las elecciones de 2002 y de 2009) habría llegado al extremo —denunció la Gobernación de Cochabamba— de amenazar a los jueces con procesos por prevaricato si acaso llegan a dictar sentencia en contra de Reyes Villa. El asunto es delicado. No ocurra que a título de denunciar la red de extorsión se termine utilizando sus métodos.