Editorial

Maternidad subrogada

Sería deseable regular esta industria al dedillo, tal como ocurre actualmente en EEUU.

La Razón (Edición Impresa)

22:59 / 23 de octubre de 2018

Con el desarrollo de tecnología para la fecundación in vitro, en diferentes países ha surgido una industria creciente que busca emparejar la demanda de parejas que no pueden concebir de manera natural y la de miles de mujeres de escasos recursos dispuestas a prestar su cuerpo por una cierta cantidad de dinero, y Bolivia no es la excepción.

Por caso, según se consigna en un reportaje publicado días atrás en este diario, no son pocas las mujeres bolivianas que ofrecen por internet “alquilar” sus úteros por montos que pueden llegar hasta los $us 30.000. Adicionalmente, las interesadas deben cubrir los costos de la fecundación in vitro y del parto, y en algunos casos se comprometen a entregar a la madre sustituta una pensión adicional durante el embarazo para garantizar que éste se lleve a cabo en buenas condiciones.

En otros países donde esta práctica está reglamentada, los montos pueden ser mucho más elevados. Por ejemplo, en Estados Unidos el costo oscila entre $us 100.000 y 150.000. En México, donde también es legal, el costo de este servicio puede superar los $us 60.000.

Como es de suponer, existen voces a favor y en contra de esta práctica. Quienes la defienden, aseguran que no solo permite a parejas estériles cumplir su sueño de ser padres, sino también beneficia a mujeres de escasos recursos. A su vez, los críticos opinan que la maternidad subrogada pondera los deseos de las personas por encima de los derechos de las personas involucradas.

Esto porque en una industria como la gestación subrogada en la que intervienen, además de las partes interesadas, clínicas privadas, intermediarios y funcionarios públicos a menudo de Estados pobres y corruptos, resulta imposible garantizar los derechos de los padres biológicos, sino también y sobre todo de las madres gestantes y de los niños que nacen en este proceso.

Un buen ejemplo de esta desprotección fue la experiencia de una mujer tailandesa de 21 años, quien alquiló su vientre a una pareja de australianos. Tras la fecundación asistida, todo a través de una agencia especializada, la mujer concibió mellizos, una bebé sana y un varón que nació con síndrome de Down y problemas en los pulmones y el corazón. Tras el alumbramiento, el padre biológico solo se llevó a la beba, argumentando que por su avanzada edad solo podían hacerse cargo de un bebé. Y para colmo de males, después se supo que este hombre estuvo en prisión por pederastia.

Si bien este ejemplo constituye un muy buen argumento para prohibir la gestación subrogada, previsiblemente una restricción de este tipo daría lugar a la creación de un mercado negro, en el cual la desprotección y los abusos contra las madres gestantes podrían ser más graves y frecuentes. Por ello, para precautelar los derechos de las partes más vulnerables, sería deseable regular esta industria al dedillo, tal como ocurre actualmente en EEUU, con cláusulas que incluyen incluso compensaciones a la gestante por daños a su salud como consecuencia directa del embarazo.

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