Editorial

Financiamiento público

Se debe fiscalizar el patrimonio y las fuentes de financiamiento de los partidos políticos 

La Razón / La Paz

00:13 / 17 de abril de 2013

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) acaba de presentar un documento de sistematización en el que se identifican un conjunto de lineamientos para el diseño de una nueva Ley de Organizaciones Políticas en Bolivia. Es el resultado de un esfuerzo de discusión, tanto a nivel nacional como departamental y sectorial, para alimentar el próximo debate legislativo sobre esta norma.

El documento plantea un conjunto de elementos orientados a identificar qué se busca con la Ley de Organizaciones Políticas y cómo lograr ese objetivo más allá del solo referente electoral. El desafío no es menor. Y es que no se trata solamente de establecer reglas para garantizar la estructura y funcionamiento de las organizaciones políticas, sino de establecer con claridad cuál es el propósito de tales organizaciones en el actual escenario de construcción de un Estado plurinacional con autonomías.

Dicha búsqueda implica también la necesidad de asumir un nuevo horizonte democrático en el país. Ya no limitado a un conjunto formal de reglas y procedimientos para elegir representantes, sino como reconocimiento y pleno ejercicio de las diferentes formas de democracia reconocidas en la CPE. Ese camino de articulación entre las formas representativa, participativa y comunitaria es la democracia intercultural.

Lamentablemente, al parecer la mayor preocupación de las actuales organizaciones políticas, antes que definir su lugar en el proceso de democratización, tiene que ver con si reciben o no financiamiento público. Según el documento del TSE, este tema es el más polémico del debate. En general, mientras el MAS no admite ningún financiamiento público, las fuerzas opositoras reclaman su reposición. Algunas voces sugieren tímidamente soluciones intermedias.

¿Por qué el oficialismo rechaza el financiamiento público eliminado en 2008 a favor de un fondo para las personas con discapacidad? Porque la población no lo acepta, los partidos no lo necesitan para ganar elecciones, es una fuente de corrupción y hay que desmercantilizar la política. ¿Y los argumentos opositores a favor del financiamiento? Genera condiciones de equidad en la competencia electoral, evita el clientelismo y el uso de fondos públicos, impide que se infiltre dinero ilegal y contribuye a una capacitación constante de la militancia.

Dados estos posicionamientos, es improbable que la futura ley reponga el financiamiento público directo (en dinero). Lo que sí podría acordarse es una modalidad de financiamiento “en especie”, como la distribución proporcional y equitativa de espacios en los medios de comunicación con cargo al presupuesto del Estado. Como sea, cualquiera sea la opción adoptada en la futura norma, es fundamental garantizar adecuados mecanismos de fiscalización al patrimonio y fuentes de financiamiento de las organizaciones políticas.

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