Editorial

Haciendo negocios

Este reporte evalúa diez factores que tiene un país para atraer inversiones privadas

La Razón (Edición Impresa) / La Paz

02:03 / 01 de noviembre de 2014

El informe Doing Business 2015 del Banco Mundial, que reporta desde la perspectiva normativa la facilidad para hacer negocios en 189 países, sitúa a Bolivia en el puesto 157, posición que implica un retroceso de seis posiciones respecto a 2014 (¡y por debajo de Irak!); esto pese a que el país mejoró su calificación de riesgo en el último año y el PIB creció en más del 6%.

¿Será posible que el marco legal no acompañe al crecimiento de la economía? Este reporte evalúa el “atractivo” que tiene un país para atraer inversiones privadas, sobre la base de diez factores regulatorios que teóricamente permitirían a los empresarios aplicar sus recursos financieros mitigando riesgos normativos. Estos factores están asociados a la existencia de un marco legal de protección de inversiones y facilidad para abrir y obtener el registro de propiedad de un negocio. Incluye la agilidad para obtener permisos de construcción y acceso a electricidad, así como la existencia de garantías legales para lograr el cumplimiento de contratos. Asimismo considera la aplicación de procedimientos aduaneros que faciliten el comercio exterior. Por último evalúa los procedimientos para la declaratoria de quiebras. El informe concluye que en Bolivia siete de estos factores retrocedieron y los otros tres se estancaron.

Si bien resulta evidente que los factores de calificación que emplea el BM para definir un ambiente de negocios “amigable” tienen una orientación con un alto sesgo legal antes que una realidad macroeconómica. Y por tanto, desde un enfoque integral que considere de manera conjunta lo económico y normativo, el informe puede resultar incompleto y con el riesgo de generar percepciones erradas sobre el desempeño y avances económicos de los países sujetos a la medición; pero también puede ayudar a identificar algunas áreas en las que los gobiernos deberían crear “reglas de juego” creíbles que brinden seguridad jurídica a las inversiones.

En este sentido, es pertinente una reflexión colectiva por parte de los actores económicos nacionales, tanto privados como públicos, sobre la arquitectura legal y normativa para la promoción y desarrollo de la iniciativa privada y empresarial. Primero, se debería crear una legislación que promueva el comercio electrónico. Segundo, sería conveniente hacer más eficientes los trámites de propiedad y registro empresarial, lo que requiere mejorar la eficiencia en las instancias responsables de estos procesos. Tercero, se deben agilizar los procedimientos de solución de controversias y quiebras en los tribunales de justicia, en los que la retardación de fallos es la regla, además de promocionar la solución de conflictos en instancias arbitrales especializadas. Finalmente, se necesita desburocratizar los procedimientos aduaneros, que en el último tiempo generan demoras y costos adicionales.

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