Editorial

Histórico fallo

Este fallo reconoce el derecho de los gobiernos a defender la salud de sus ciudadanos.

La Razón (Edición Impresa)

01:09 / 20 de julio de 2016

La semana pasada, el tribunal de arbitraje del Banco Mundial falló a favor de Uruguay en un proceso que la tabacalera Philip Morris le había entablado hace seis años por el establecimiento de duras medidas en contra de los cigarrillos. Esta sentencia constituye un extraordinario precedente, pues reconoce el derecho de los gobiernos para defender la salud de sus ciudadanos.

El proceso data de 2010, cuando la multinacional decidió demandar a Uruguay luego de que el Congreso aprobara leyes que limitaban la venta a un paquete por marca, prohibían el empleo de palabras como “light” concebidas para inducir la falsa percepción de que algunos cigarrillos son menos nocivos que otros, y obligaban a colocar advertencias sanitarias en el 80% de los paquetes, entre otras medidas que se aplicaron rigurosamente.

Según las autoridades de salud charrúas, gracias a estas resoluciones el porcentaje de jóvenes fumadores mayores de 15 años se redujo de 22,8% en 2006 hasta 8,4% en 2014, los fumadores adultos pasaron del 40% antes de 2005 al 23% en 2013, y las internaciones por infartos atribuibles al consumo de tabaco se redujeron significativamente. Además, como también bajó la cantidad de mujeres fumadoras, los bebés tienen hoy en día 136 gramos más de peso al nacer en promedio que respecto hace 10 años.

Como es de suponer, estas medidas, así como sus resultados (menos fumadores), no fueron del agrado de Philip Morris, dueña de siete de las 15 marcas de cigarrillos más populares (entre ellas, Marlboro), cuyos directivos aparentemente decidieron amedrentar a Uruguay y a la vez sentar un precedente contra todos los países que se toman en serio la lucha contra el tabaco. Para tal efecto presentaron una demanda contra el Estado uruguayo en la que le exigían una indemnización de $us 2.000 millones, con el argumento de que se habían violado sus derechos comerciales sustentados por acuerdos de inversiones suscritos entre Uruguay y Suiza, donde la tabacalera tiene su sede.

En su defensa, el gobierno de Tabaré Vázquez justificó que las normas cuestionadas protegen la salud de su población y que formaban parte del Convenio Marco de Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud, al que se habían suscrito en 2003. Después de seis años, el tribunal de arbitraje del Banco Mundial rechazó el desafío de Philip Morris y falló a favor de Uruguay. Además, estableció que la firma abone al Estado uruguayo $us 7 millones por los gastos judiciales y que cubra la totalidad de los honorarios y gastos del Tribunal.

Este histórico fallo constituye  un varapalo para las multinacionales que buscan intimidar a los gobiernos para poder comercializar sus productos sin trabas, así como también un excelente precedente en favor del derecho soberano que tienen todos los Estados de proteger la salud de sus ciudadanos. 

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