Editorial

Inaceptable abuso

La detención de Quisbert constituye un nuevo ataque contra la libertad de prensa

La Razón (Edición Impresa) / La Paz

00:15 / 13 de marzo de 2015

El pasado fin de semana, el Ministerio Público paceño anotó un nuevo demérito a su actuación al solicitar la detención de un periodista del matutino El Diario; una jueza dio curso a la solicitud y de manera cuestionable ordenó que el comunicador sea remitido al penal de San Pedro, de donde salió tres días después. El caso ha provocado justa indignación en el gremio.

Carlos Quisbert, el periodista víctima de este abuso, buscaba por medios lícitos conocer la versión de una de las imputadas en el polémico caso del bebé de ocho meses que murió el 13 de noviembre, víctima de una supuesta vejación. Para el efecto, se trasladó hasta el penal de Qalahuma, en Viacha, con el propósito de entrevistar a la muchacha de 19 años que fungía como madre sustituta del centro de acogida donde se albergaba Alexander. Según se supo, el periodista mostró a su interlocutora dos notas en las que otras personas vinculadas con el caso le sugerían decir la verdad de lo ocurrido, lo que habría desatado las acciones fiscales.

Apenas anoticiado de este hecho, el fiscal de materia Marco Antonio Vargas acusó al joven periodista por “obstrucción a la justicia”, delito tipificado en el Art. 32 de la Ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz, y la jueza de Viacha Lorena Camacho ordenó su detención preventiva, sobre la base de una supuesta imposibilidad del acusado de demostrar que tiene domicilio fijo y trabajo conocido. A su vez, el fiscal que cometió el desaguisado afirmó que su solicitud a la jueza procedía porque el caso se halla en reserva y su interés es investigar con transparencia, como si ambas nociones no fuesen mutuamente excluyentes.

Apenas anoticiado del suceso, el Ministro de Gobierno calificó como abusiva, excesiva e injusta la detención del periodista; el Defensor del Pueblo fue igual de enfático, e instruyó a su equipo jurídico procesar una acción de libertad en favor del detenido; finalmente, los gremios de periodistas y de propietarios de medios también se manifestaron. Los primeros organizando movilizaciones de protesta en varias ciudades del país y los segundos iniciaron acciones legales para obtener la libertad del comunicador, cosa que recién sucedió ayer, pues, pese a que la determinación de concederle libertad pura y simple se firmó al final de la tarde del miércoles, los encargados del penal la tramitaron el jueves por la mañana.

Por donde se lo mire, el caso es un nuevo ataque del Ministerio Público contra las libertades de prensa y de expresión (de hecho, este diario fue víctima de un hecho similar hace unos meses), lo que pone en apronte a los gremios, que cada día desconfían más, y afecta la ya maltrecha imagen del sistema de justicia boliviano.  Es deseable que exista no solo una pronta sanción al fiscal y a la jueza involucrados en el abuso, sino también que concluya de una vez la indagación del caso Alexander, origen de este conflicto.

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