Editorial

Ineficiencia judicial

Son muchos los jueces y fiscales bolivianos sin vocación ni interés por la pronta justicia

La Razón (Edición Impresa) / La Paz

00:22 / 21 de julio de 2015

Según datos del Consejo de la Magistratura, en 2013 se iniciaron 250.000 procesos penales en Bolivia, sin embargo, solamente se resolvieron 611 casos; ciertamente un ínfimo porcentaje (0,24%) que pone en evidencia la tremenda ineficiencia que impera en los tribunales del país, incapaces de cumplir con su trabajo y garantizar una justicia pronta y equitativa para la población.

El argumento que utilizan los magistrados para justificar esta escandalosa retardación siempre suele ser el mismo: la excesiva carga laboral que recae sobre sus hombros. Si se toma en cuenta que en el país existen 1.004 juzgados, y que solamente durante 2013 se atendieron 624.943 procesos en total (396.000 nuevos casos, penales y civiles, y el resto de gestiones pasadas), no cabe duda de que la anterior afirmación es más que evidente, ya que cada juzgado tuvo que atender ese año en promedio 622 procesos.

No obstante, más allá de esta enorme carga procesal, la bajísima cantidad de casos penales que fueron resueltos en 2013 (0,6 sentencias por cada juzgado al año —¡ni siquiera una!—) es una clara prueba de la gran cantidad de jueces y fiscales bolivianos que o bien no tienen la experiencia ni la capacidad para hacer su trabajo, o simplemente carecen de vocación por la pronta justicia, siendo su principal interés el atornillarse de por vida en un cargo que les garantice un salario mensual, sin importarles los resultados de su trabajo.

Huelga recordar que hace pocos días el ministro de Gobierno, Carlos Romero, formuló una explicación adicional que permitiría entender con mayor precisión esta ineficiencia judicial extrema, que condena a miles de personas a permanecer durante años tras las rejas o a vivir en procesos interminables, que deterioran su salud y merman su economía. Al respecto, Romero señaló que detrás del sistema de justicia opera toda una estructura que funciona con base en la extorsión. Por tanto, si no “desestructuramos ese circuito de extorsión que involucra a jueces, fiscales y abogados, el sistema de justicia va a seguir siendo el mismo”, afirmó, con mucha pertinencia, la autoridad.

Ahora bien, como ya se ha mencionado en reiteradas oportunidades desde otros espacios, no existen recetas mágicas en esta encrucijada contra la extorsión que mueve los hilos de la justicia y la ineficiencia de los operadores judiciales. Para tal efecto, además de modificar la legislación sobre la detención preventiva y otras figuras legales que distorsionan el sentido de justicia en el país, hacen falta mecanismos que permitan investigar, identificar y sancionar a quienes se están enriqueciendo gracias a la corrupción judicial; y a ello se deberían sumar evaluaciones periódicas que midan el trabajo de los jueces en función a las sentencias que dictan mensualmente, lo que permitiría diferenciar a los magistrados probos de aquellos sin interés por la justicia.

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