Editorial

Inspección vehicular

¿A quién hay que responsabilizar cuando ocurren accidentes por causas técnicas?

La Razón (Edición Impresa) / La Paz

00:04 / 31 de enero de 2014

Semanas atrás, la Unidad Operativa de Tránsito anunció que la inspección técnica vehicular, que arrancó en noviembre de 2013 y que debía finalizar en enero de este año, se ampliará hasta abril. Esto porque la mayoría de los vehículos no logró realizar este reconocimiento que se consigue luego de largas colas y prolongadas esperas, que pueden durar más de ocho horas. 

En efecto, a tiempo de anunciar la prórroga, el Director Nacional de Fiscalización y Recaudaciones (DNFR) de la Policía señaló que hasta la fecha límite (11 de enero) solo iban a cubrir el 40% de los vehículos. De allí que, haciendo cálculos, determinaron que eran necesarios tres meses más “para que asistan todos sin hacer filas”.

En cuanto al engorroso proceso, para colmo de males son muchos los conductores que se enteran de que o bien les falta algún documento o su motorizado adolece de algún desperfecto cuando les llega su turno, y que por tanto, si desean obtener el anhelado sticker, tendrán que repetir la prolongada espera.

Ahora bien, se supone que esta prórroga debería servir para aliviar la tensión y evitar la pérdida de tiempo que innecesariamente deben atravesar los ciudadanos que poseen vehículos, eliminar las largas horas de espera y para que los ciudadanos puedan cumplir con la ley sin que ello les cueste más que los valores que ya pagamos en las cajas de la entidad recaudadora (hechas las cuentas, por un millón de automóviles, la recaudación semestral no es nada despreciable).

No obstante, con o sin ampliación, no se resuelven los problemas de mal trato ni incertidumbre respecto a los requisitos que exige la norma para su cumplimiento (¿pedirán este año uno o dos triángulos de emergencia? ¿Exigirán extinguidor? ¿Se le atribuirán infracciones “adicionales” a las cometidas por el conductor?).

Por otra parte, independientemente de la ampliación del plazo, cabe señalar que este proceso no debería ser discriminatorio, tal como ocurre hoy en día. Y es que los propietarios sindicalizados de buses, minibuses y trufis (taxis de ruta fija) saben que tienen preferencia sobre el resto, al extremo de que han expresado su irrenunciable demanda de, nuevamente, ser tratados como ciudadanos de primera categoría y evitar las colas que los demás ciudadanos —no sindicalizados— deben realizar.

A todo lo mencionado, se añaden algunas preguntas sobre la utilidad y conveniencia de la inspección técnica: ¿qué sentido tiene un trámite administrativo que dura medio año y que, supuestamente, nos garantiza que los vehículos están en condiciones de circular? ¿Se supone que mientras no logren la roseta no están aptos para circular? ¿A quién hay que responsabilizar cuando ocurren accidentes de tránsito por causas técnicas en vehículos que han aprobado la mentada inspección?

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