Editorial

Intereses mezquinos

Causa molestia  en este sector que los contratos sean aprobados por la Asamblea

La Razón (Edición Impresa) / La Paz

02:13 / 29 de marzo de 2014

El proyecto de Ley de Minería, en debate en la Asamblea Legislativa, muestra una serie de observaciones y objeciones de la mayoría de los actores del ámbito de la actividad minera porque, a primeras luces, un grupo particular representado por el sector cooperativista pretende obtener ventajas que van en desmedro del país, inclusive vulnerando la Constitución.

Resulta del todo impensable que después de la lucha de los sectores sociales del país por la recuperación para el Estado de los recursos naturales estratégicos, ahora pretenda el cooperativismo minero “cobrar” su factura y moldear una ley que en todos los aspectos beneficie a un sector, en desmedro a la comunidad en su conjunto y ante intereses mezquinos sobre el interés común.

El primer elemento en cuestión es el referido a la propiedad del yacimiento. En el pasado, éste era trasferido del Estado al privado en calidad de concesión, que podía ser sujeta de gravámenes, hipotecas, transacciones de compra-venta e inclusive herencia, aspecto que con la nueva ley la propiedad y el control es enteramente estatal, y que toda cuadrícula de explotación minera es otorgada en calidad de contrato suscrito entre la Comibol como agente representante de los intereses bolivianos y los privados, incluidos los cooperativistas que, lógicamente, no aceptan esta condición.

Un segundo aspecto que raya en lo lacerante es la condición de casi exención impositiva de la que gozarían, siendo su aporte al fisco marginal en relación a los ingresos y utilidades que generan. No es concebible que el segundo sector productivo del país aporte a las arcas públicas menos que los asalariados.

Finalmente, causa molestia en este sector que los contratos sean aprobados por la Asamblea Legislativa, cuando constitucionalmente se establece que todo acuerdo entre el Estado y privados en lo relativo a la explotación de riqueza natural sea considerado en esta máxima instancia. En este aspecto no es permisible que se ceda soberanía cuando lo que debe primar es el interés público.

Como es de esperar, los portavoces del gremio, en muestra de su conducta típica, anunciaron medidas de presión y hostigamiento traducido en represalias, amenazas e intimidaciones que se materializan en cercos, dinamitazos, destrucción de propiedad y otros desmanes. Resulta intimidante visualizar el tipo de violencia que pueden generar cuando su cultura de diálogo es dominada por la intolerancia.

El tratamiento legislativo y político de la ley se encuentra en un momento crucial y lo que resta esperar es que los representantes nacionales, desde sus curules, hagan primar la Constitución y los intereses de la patria por encima de los privilegios de un grupo que toma la forma de organización social, empero, actúa como voraz depredador.  

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