Editorial

Inversión y desarrollo

Hay muchos detalles que cuidar en la ley, que pese a sus riesgos merece ser alentada

La Razón

03:38 / 16 de febrero de 2012

Con el fin de garantizar la seguridad alimentaria y generar empleo, el Gobierno presentó el lunes a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para crear un fondo de desarrollo productivo dotado con el 10% ($us 1.200 millones) de las Reservas Internacionales Netas (RIN) que administra el Banco Central de Bolivia. La iniciativa es auspiciosa, pero tiene sus riesgos.

En efecto, el Gobierno prevé utilizar una parte de las RIN para otorgar valor agregado a los productos nacionales; según explicó el Presidente del Estado, se tendrá “como socios a las alcaldías y gobernaciones”. Por su parte, la Ministra de Desarrollo Productivo explicó que se han priorizado 22 complejos productivos que serán beneficiados con los recursos del Fondo para la Revolución Industrial Productiva (Finpro).

A su vez, el Viceministro de Producción Industrial a Mediana y Gran Escala añadió que entre los rubros que se beneficiarán del Finpro están el sector azucarero, los lácteos y avícolas, en el ámbito de la seguridad alimentaria, y las manufactureras de textiles, cueros, maderas y joyería, en el de la generación de empleo.

Según el proyecto de ley, los recursos que administrará el Finpro serán desembolsados por el BCB sin esperar a que sean devueltos. Asimismo, el proyecto establece que “el financiamiento tendrá carácter no reembolsable en la etapa de preinversión y reembolsable en la etapa de inversión”. En su Disposición Transitoria Única, el proyecto de ley señala que “el Finpro iniciará sus actividades financiando la implementación de plantas de concentración y fundición de minerales, plantas de producción de textiles, plantas de industrialización de madera y plantas de industrialización de alimentos”.

De acuerdo con la información de las autoridades, será el Viceministerio de Producción Industrial el que elabore los proyectos de inversión, para que sea el gabinete de ministros el que apruebe los planes de inversión y preinversión que accederán al dinero del Finpro.

Sin embargo, la iniciativa tiene algunos riesgos. Uno de ellos tiene que ver con la necesidad de transparencia e idoneidad en la administración de los recursos, pues al no ser reembolsables en la etapa de preinversión podría producirse una avalancha de estudios sin viabilidad; lo que provoca el otro riesgo, que es el de repetir la experiencia de los bancos Agrícola y de Desarrollo, que en las décadas de 1970 y 1980 causaron millonarias pérdidas al Estado. El otro riesgo está en poner al Estado a competir en rubros en los que la iniciativa privada ha demostrado tener capacidad y buenos resultados. Por ello, los gremios empresariales han pedido ser considerados como posibles beneficiarios del Finpro.

Hay, pues, muchos detalles que cuidar en la ley, que pese a sus riesgos merece ser alentada en nombre del desarrollo que todo el país ambiciona.

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