Editorial

Inversión pública

Las instituciones estatales tendrán la responsabilidad de hacer efectiva la inversión pública

La Razón / La Paz

00:46 / 30 de diciembre de 2011

Entre las principales preocupaciones del Gobierno en materia económica, desde el inicio de la gestión en 2006, la inversión pública ocupó un lugar preponderante, precisamente por ser la vía para transformar el modelo vigente hasta entonces y asegurar que el Estado sea el principal responsable del ‘vivir bien’. El Presupuesto 2012 afirma esa tendencia.

En efecto, la semana pasada se ha promulgado la Ley Financial para 2012, que contempla una inversión pública total de Bs 22.345 millones (equivalentes a $us 3.252,5 millones), sin contar con las inversiones comprometidas por las empresas estratégicas YPFB y Entel, que sumarán alrededor de $us 800 millones.

En el Presupuesto General del Estado (PGE) destaca también que el rubro que más recursos recibirá durante 2012 será la construcción de carreteras. En total se destinarán casi $us 950 millones, equivalentes al 29,2% del total comprometido. El segundo rubro que más recursos recibirá para la inversión es el de hidrocarburos, donde se prevé inyectar $us 647,6 millones.

De acuerdo con lo planificado para la inversión pública del próximo año, el dinero será dirigido a cuatro grandes áreas: infraestructura, emprendimientos productivos, proyectos sociales y el ámbito “multisectorial”. Al promulgar la Ley Financial, el Vicepresidente del Estado destacó el tamaño de la inversión en infraestructura, que recibirá el 37,4% del total presupuestado, el de los emprendimientos productivos, que tendrán 33,3% de los recursos y, sobre todo, que el ámbito social, particularmente educación, recibirá más recursos que nunca antes, en total una cuarta parte de lo presupuestado para inversión estatal.

La inversión pública, según el PGE, será gestionada por la administración central, las unidades descentralizadas, las empresas del Estado, las gobernaciones, los municipios, las universidades y las instituciones de seguridad y financieras. De este modo, es evidente que la inversión no podrá estar concentrada en pocas manos y más bien todas las instituciones estatales tendrán la responsabilidad de hacerla efectiva y, sobre todo, útil a la población.

Finalmente, destaca en el PGE que la fuente de financiamiento de la inversión pública provendrá en 72% de recursos internos del país, que incluyen los recursos hidrocarburíferos, recaudaciones impositivas, regalías y recursos propios de diversas instituciones estatales, quedando sólo el 28% a ser financiado con créditos y donaciones del extranjero.

Hay, pues, una nueva evidencia de que, pese a los obstáculos y errores políticos, el Gobierno no descuida la economía y más bien busca a toda costa favorecer el crecimiento económico; y con él, el aparato productivo. Corresponderá al todavía incipiente control social asegurar que ni la burocracia ni la negligencia impidan una correcta ejecución de la inversión pública.

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