Editorial

Justicia ingrata

Da la impresión de que los actuados en el caso tienen algún grado de desviación, error o mala fe.

La Razón (Edición Impresa)

00:00 / 18 de octubre de 2018

Las derivaciones del caso Alexander, convertido en el ejemplo emblemático de la postración en la que se halla sumida la Justicia boliviana en general, y el sistema penal en particular, no dejan de aparecer y su efecto es, únicamente, echar más sombras encima del Ministerio Público y las y los juzgadores, que parecen actuar basados en cualquier principio menos en el de la justicia.

En efecto, el mismo día que la ahora exjueza Patricia Pacajes, tristemente célebre no tanto por haber dictado sentencia contra un médico que tuvo la desgracia de atender al moribundo bebé Alexander hace años, sino por haber confesado que sentenció al médico sin tener prueba plena de su culpabilidad, la Fiscalía decidió aprehender al hombre que divulgó esta confesión; un día después fue liberado.

Irónicamente, la decisión de los fiscales que pusieron al aprehendido ayer a disposición de un juez cautelar se basa en una denuncia presentada por la exjueza contra él por supuesta violencia sicológica y amenazas mientras eran pareja, que es cuando el ahora acusado obtuvo la grabación en una reunión de copas.

La fiscal que ordenó su aprehensión señaló que había hallado “indicios suficientes de que este ciudadano ha participado en el delito de violencia familiar o doméstica”. Por el contrario, el abogado del ahora imputado afirmó que la fiscal rechazó que la defensa presentara una prueba que habría evitado la aprehensión.

Tal vez para equilibrar la balanza de la opinión pública, el mismo día la Fiscalía imputó a la exjueza por incumplimiento de deberes y pidió su detención preventiva. Lo más llamativo de esta decisión del Ministerio Público es que se basó en el hecho de que la ahora imputada habló del caso (así hubiese sido en una reunión privada), que había sido declarado en reserva; no parece importar a los administradores de justicia que haya quedado ampliamente demostrado que el médico, que ahora cumple prisión domiciliaria, fue sentenciado pese a una situación confusa.

Finalmente, el abogado del médico prematuramente sentenciado anunció, el mismo día, que la Unidad de Transparencia del Ministerio de Gobierno intervendrá en la revisión del caso Alexander, sobre todo a raíz de la denuncia “de persecución, amenazas y amedrentamiento a testigos, peritos y ciudadanos”. Inevitablemente llama la atención que sea ese despacho (que ha incidido en varios conflictos entre la Fiscalía y la Policía) el que se involucra en el caso y no el de Justicia, que tiene tuición sobre las instituciones puestas en cuestión.

Da, pues, la impresión de que todos los actuados en el caso tienen algún grado de desviación, error o mala fe, lo cual únicamente abona al desprestigio de jueces y fiscales (incluyendo a quienes son honestos y probos, ya que justos pagan por pecadores), sin que las autoridades llamadas por ley a resolver este entuerto atinen a hacer algo al respecto.

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