Editorial

Justicia a la carta

La persistente colusión de jueces y fiscales con gobiernos de turno daña la inconclusa edificación del Estado de derecho

La Razón Digital / La Paz

00:00 / 16 de febrero de 2020

Una asignatura pendiente del proceso de democratización y de la difícil construcción de un Estado de derecho en el país tiene que ver con la opaca y veleidosa administración de justicia. Se trata de un mal endémico y de raíces profundas, transversal a los gobiernos y, al mismo tiempo, funcional a ellos. Así lo demuestra, con excesos, el actual Órgano Ejecutivo provisorio.

En otra de sus polémicas declaraciones, el Ministro de Gobierno (nada menos) advirtió con “dedicarse personalmente a perseguir” a jueces y fiscales que, en su criterio, buscan “hacer daño a la ciudadanía liberando delincuentes”. Estas amenazas, orientadas a someter a los operadores de justicia desde el poder político de turno, son deplorables y dañan la débil institucionalidad. Claro que no son patrimonio de la presente administración, ya que se produjeron también en anteriores gobiernos.

La declaración del hombre de confianza de la presidenta Áñez fue contestada duramente por Human Rights Watch (nada menos), a través de su director ejecutivo, José Miguel Vivanco: “Pareciera que para el actual ministro de Gobierno, Arturo Murillo, en Bolivia no hacen falta los jueces. El propio ministro decide quién es culpable o inocente, y si los jueces discrepan, ¡él promete encarcelarlos! Este señor está en el siglo XVII (…)”. Esta visión crítica es compartida por otros organismos de derechos humanos.

Más allá de pronunciamientos como el de Human Rights Watch, además de otros de Naciones Unidas que condenan la actual persecución política en Bolivia, es evidente que la persistente colusión de jueces y fiscales con gobiernos de turno, corporaciones y poderes fácticos daña severamente la magullada y aún inconclusa edificación del Estado de derecho. Y ni hablar de la imagen del país en la comunidad internacional, muy atenta al actual proceso transitorio hacia un gobierno legítimo resultante de las urnas.

La cooptación de la administración de justicia para fines políticos, intereses particulares y acciones de revanchismo contra los adversarios, que es moneda común en todos los gobiernos y tuvo grado superlativo en la gestión del MAS, no puede asumirse como fatalidad inmutable. Al contrario, es fundamental e impostergable avanzar en un pacto nacional para viabilizar las reformas que sean necesarias a fin de contar con un Órgano Judicial y un Ministerio Público con integridad en su desempeño.

La “Justicia a la carta” tiene pies de barro, pues hoy sirve a unos personajes y propósitos con el mismo sometimiento y diligencia con los que mañana servirá a los contrarios. Así no hay justicia posible, peor aún para las y los ciudadanos que están lejos del poder político o de poderes fácticos y, por tanto, son objeto de abusos e injusticias. Claro que hay excepciones, pero el sistema como tal expresa un problema estructural. Es imprescindible incluir el tema en una nueva agenda de reformas. (16-02-20)

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