Editorial

Justicia nueva

Convertir la promesa en realidad demandará esfuerzo y voluntad política

La Razón / La Paz

00:13 / 04 de enero de 2012

Con la posesión, ayer, de las 56 autoridades electas para el Órgano Judicial, ha comenzado oficialmente la aplicación de un nuevo modelo de justicia en el país. El nuevo órgano de justicia tiene entre sus primeras tareas la creación de nuevas instancias y designación de nuevas autoridades intermedias, y la liquidación de más de 12 mil causas pendientes.

La ceremonia realizada ayer en Sucre es apenas el primer paso de un proceso cargado de expectativas no sólo de las víctimas del sistema de justicia que concluyó oficialmente el 31 de diciembre de 2011, sino también de la población en general. Acabada la euforia del acto, convertir la promesa en realidad previsiblemente demandará esfuerzo y voluntad política en partes iguales; especialmente si se toma en cuenta que no todos comparten este entusiasmo. En efecto, algunos sectores incluso auguran un retroceso en cuanto a la independencia, idoneidad y capacidad de los nuevos responsables de ejercer la justicia en el país.

Con relación al trabajo que ahora les espera, de acuerdo con información oficial divulgada días atrás, quedan pendientes de resolución al menos 7.500 causas en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ); en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) son cerca de 3.500 los casos; y en el Tribunal Agroambiental (TA), 1.500. A ellos se suman todos los procesos pendientes en el Consejo de la Magistratura (CM). Al respecto, la Ley 212 de Transición establece un plazo de tres años para concluir con los pendientes del TSJ, de 18 meses para idéntica tarea en el TCP y de un año para las causas no resueltas en el TA y el CM.

En todos los casos, establece la mencionada ley, los trámites pendientes serán resueltos en el marco de las normas aún vigentes, y serán reemplazadas por otras nuevas en el curso de las próximas semanas, lo que significa que, en rigor, sólo los procesos nuevos serán tramitados en el nuevo marco legal. De hecho, la aprobación y, sobre todo, implementación de la nueva normativa será una tarea de mediano plazo, que a su vez habrá de enfrentar los previsibles obstáculos de toda transformación que se desea radical.

Por otra parte, los nuevos administradores de justicia deben estar conscientes de que la carga procesal que tienen en sus manos es probablemente menos importante que el reto de introducir transformaciones visibles y creíbles en el plazo más breve posible, por la urgencia que esto representa en términos de garantizar el derecho de acceso a la justicia a todos los habitantes del país.

Empieza, pues, un nuevo ciclo de la justicia en Bolivia, y así como el proceso de gestación ha estado cargado de polémica y oposición, el camino hacia adelante será también conflictivo. Y aunque errar es humano, las y los 56 nuevos magistrados del Órgano Judicial tienen poco margen para el error.

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