Editorial

Justicia

Se requiere una reforma que apunte a un cambio en la cultura de trato a la población.

La Razón (Edición Impresa)

01:23 / 22 de noviembre de 2015

Araíz del último escándalo que involucró a un juez y sus colabordores, captados en video en flagrancia pidiendo un soborno para decidir sobre un caso de violación, el Fiscal General decidió alejar al fiscal del caso, a tiempo que el juez denunciado, junto a otros dos, ya fue puesto a disposición del Ministerio Público y espera su audiencia de medidas cautelares.

Lamentablemente, el maltrato y la corrupción están muy enquistados en la práctica de muchos administradores de justicia en Bolivia. Los fiscales recientemente despedidos por el Fiscal General y los jueces procesados se suman a un contingente de exfuncionarios del Órgano Judicial que ya recibieron el mismo castigo por estar involucrados en casos de corrupción.

Claramente no es el temor al despido lo que detiene los comportamientos delictivos de los jueces y abogados corruptos; la percepción de importantes beneficios monetarios versus una probabilidad muy remota de castigo por comportamientos ilegales, motivan la búsqueda del beneficio personal en niveles intolerables para nuestra sociedad.

Más aún, las visitas realizadas por la Ministra de Justicia a varios juzgados en las capitales del país han desnudado una cultura de maltrato hacia la ciudadanía que es el perfecto caldo de cultivo para que incluso los servicios regulares que cualquier litigante requiere tengan un tarifario establecido de acuerdo con la arbitrariedad de cada funcionario.

Por otro lado, el video de marras muestra una perversa combinación entre misoginia y corrupción, que fácilmente podemos proyectar a cientos o tal vez miles de casos de niñas, adolescentes y mujeres que sufren cotidianamente violencia física a manos de sus parejas, familiares o delincuentes comunes y luego son insultadas por los operadores de justicia que las consideran como seres de segunda categoría y que no tienen miramientos para recibir dinero a cambio de torcer la ley en su despacho.

En resumen, el problema requiere más que separar las manzanas podridas —lo cual ya es un avance—; se requiere una reforma integral que apunte a un cambio en la cultura de trato a la población litigante; se requieren mecanismos eficaces de control y castigo para los malos elementos y se requiere, en suma, que el Órgano Judicial revalorice su rol frente a la sociedad.

Es altamente improbable que la necesaria reforma judicial se estructure sobre un nuevo cuerpo de leyes que sean más duras y más estrictas en relación a la función de jueces y fiscales. Debe partirse de un concepto multidisciplinario y multisectorial, que apunte al cambio cultural de los operadores de justicia, que modernice los procedimientos y que garantice la gratuidad de los servicios; que genere nuevos liderazgos y que revalorice el papel de los jueces imponiéndoles la obligación de impartir justicia con la razón y el sentido común, más allá de lo que el papel muerto de la ley pueda decir.

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