Editorial

Ley de Imprenta

Oponerse a este proceso sólo abona al descrédito de las organizaciones de la prensa

La Razón / La Paz

00:28 / 19 de enero de 2012

La Ley de Imprenta cumple hoy 87 años de existencia en un contexto en el que menudean tanto las críticas como las manifestaciones en defensa de su plena vigencia. Sin embargo, a pesar de conocerse los posicionamientos a favor y en contra, hasta ahora no se ha abierto un verdadero debate sobre la posibilidad de mantenerla, actualizarla o reemplazarla.

En efecto, la Ley de Imprenta tiene su origen en un decreto supremo del 19 de enero de 1925 que elevó a rango de ley un Reglamento de Imprenta promulgado en julio de 1920, cuyo objeto se encuentra en el primer artículo, donde se establece que toda persona tiene “el derecho de publicar sus pensamientos por la prensa, sin previa censura, salvo las restricciones establecidas por la presente ley”.

Es precisamente esta declaración, que se adelanta en casi 24 años a la Declaración Universal de los Derechos Humanos (donde se establece el derecho a la libertad de expresión en términos similares), el principal argumento a favor de conservar la ley, pues a más de ser “patrimonio” de los gremios de periodistas y de medios de comunicación, se la considera principal garantía de la vigencia del señalado derecho humano y, por tanto, base del sistema democrático.

Asimismo, se argumenta a favor de la ley y su importancia para el ejercicio del periodismo en Bolivia, que defiende el secreto de fuente; el derecho a señalar “los defectos de la Constitución o de los actos legislativos, administrativos o judiciales, con el objeto de hacer conocer sus errores o la necesidad de su reforma”; y, fundamentalmente, la prohibición de decretar “la clausura de una imprenta”.

Desde el lado de la crítica, se argumenta que la ley, por su antigüedad, norma exclusivamente la comunicación a través de medios impresos y puede ser inaplicable para los radiales, audiovisuales y, mucho más, los electrónicos; que es insuficiente para normar efectivamente las múltiples dimensiones de la comunicación, particularmente la masiva y su “democratización”; que hasta ahora existe sólo un juicio de imprenta que haya concluido; y finalmente que no se adecua a la Constitución Política del Estado, tanto en lo establecido en los Arts. 106 y 107, como en el 210, que prohíbe juzgar a las personas en “comisiones especiales” u “otras autoridades jurisdiccionales”, tales como el Tribunal de Imprenta establecido en la Ley de 1925.

La existencia de estos y otros argumentos a favor y en contra de la Ley de Imprenta debieran ser motivo suficiente para iniciar un debate sincero, profundo y, sobre todo, orientado a encontrar respuestas satisfactorias a las demandas sociales e históricas en materia de comunicación. Oponerse ciegamente a este proceso sólo abona al descrédito de las organizaciones de la prensa, llamadas por la Constitución a autorregularse en el marco de sus normas de ética y su propia ley.

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