Editorial

Ley antidrogas

Propone redefinir la institucionalidad relacionada con el tráfico, consumo y tenencia de drogas

La Razón / La Paz

02:00 / 09 de diciembre de 2011

Días atrás, senadores del Movimiento Al Socialismo dieron a conocer un proyecto de ley antidrogas que será puesto a consideración de la Asamblea Legislativa Plurinacional para reemplazar la actual Ley 1008, separando el régimen de la coca del combate al tráfico de sustancias controladas y sus delitos conexos. El proyecto contiene innovaciones.En efecto, el anteproyecto de Ley Especial de Sustancias Controladas y Delitos Conexos contiene numerosas enmiendas al régimen penal establecido en la ley todavía vigente, y propone una transformación de la institucionalidad relacionada con el tráfico, tenencia y consumo de sustancias controladas.

El proyecto de norma desarrolla en total 48 tipos penales y señala sus respectivas sanciones. Al igual que con la actual norma, las penas de cárcel pueden ir desde dos hasta 25 años de reclusión. Entre otros delitos, el anteproyecto de ley tipifica: el cultivo de amapola y marihuana, la producción de estupefacientes, la fabricación, la refinación, el tráfico ilícito, el consumo, el desvío de sustancias controladas, la posesión de drogas ilícitas y hasta el “volteo” o robo de sustancias, pasando por el transporte de drogas dentro del cuerpo humano, la organización criminal y el uso de vehículos e inmuebles para el consumo.

En materia institucional, plantea reestructurar la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), asignándole, además de sus actuales funciones, las de crear un sistema integral de Inteligencia en coordinación con otras instituciones de seguridad y defensa, administrar un Instituto de Investigación Científica de Drogas y formar un equipo de investigación de lavado de dinero, entre otras.

Pero sobre todo, propone que la FELCN dependa directamente del Ministro de Gobierno, quien tendrá la atribución de designar al director de la fuerza, decisión que actualmente corresponde a la orden de destinos de la Policía Nacional. Es previsible que la institución verde olivo hará conocer su oposición a la iniciativa, pues implica un nuevo recorte a su poder.

También propone redefinir la estructura del Consejo Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas (Conaltid) y le fija nuevas funciones; crear una Dirección Nacional de Prevención Integral y Rehabilitación en Drogodependencia (Dinapred), bajo dependencia del Ministerio de Salud; y convertir la Dirección de Bienes Incautados (Dircabi) en Administradora de Bienes Incautados Secuestrados y Confiscados (Abisco), entidad descentralizada bajo tuición del Ministerio de Economía y Finanzas.

Se anuncia, pues, un debate sobre la normativa antidrogas del país, que seguramente será también influido por el Encuentro Plurinacional de la próxima semana. Considerando la importancia estratégica de esta norma, es deseable que ese debate sea tan amplio, profundo y pluralista como sea posible.

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