Editorial

Ley para migrantes

Con esta norma se busca no sólo atraer fuerza de trabajo, sino también inversión

La Razón / La Paz

00:36 / 18 de julio de 2012

Si bien Bolivia no es un país tradicionalmente receptor de migraciones, sí es cierto que continuamente ingresan a territorio nacional súbditos de países vecinos, muy a menudo sin regularizar su estatus migratorio; asimismo, en años anteriores hubo una enorme migración boliviana tanto a países vecinos como europeos. Una ley para todas esas personas es urgente.

Al parecer, esa fue la idea de los legisladores que impulsan el proyecto, pues a tiempo de darlo a conocer a este diario, destacaron especialmente tres puntos de su contenido: se prohibirá el ingreso de extranjeros con antecedentes penales, se otorgará un plazo de 90 días para que las y los naturales de otros países regularicen su estatus migratorio, y se propondrán incentivos para el retorno de las y los migrantes en otras tierras.

En la redacción del proyecto de ley, que actualmente se analiza en la Comisión de Política Internacional de Diputados, participó personal de la Cancillería del Estado, Dirección General de Migraciones, Defensoría del Pueblo, Pastoral de Movilidad Humana y Organización Internacional para las Migraciones, entre otras instituciones vinculadas con la temática, señal de que la norma tendría que contener todos los aspectos técnicos referidos a la enorme problemática de las migraciones humanas.

En la exposición de motivos del proyecto de ley se sostiene que la migración trae “grandes beneficios”, pero también “consecuencias negativas”, de ahí que en el parágrafo g) del artículo 21 se prohíbe el ingreso y residencia de los extranjeros que “cuenten con antecedentes penales ejecutoriados y sean reincidentes en el país o en el extranjero, cuya pena sea mayor a cinco (5) años de acuerdo con el Código Penal Boliviano”.

Respecto de los extranjeros en el país, lo único que se sabe con certeza es que no hay detalles sobre la cantidad de migrantes y su situación legal, aunque la Dirección General de Migración reportó que llegan al menos a un millón de personas. Esta ausencia de registros públicos confiables es un indicador del modo en que se trata a los extranjeros en la oficina que los registra, y no son pocos los casos en que ni siquiera el dinero, por vías legales o no, les ayuda a la hora de obtener papeles de residencia.

Respecto de los planes de retorno de bolivianos emigrantes, el proyecto de ley establece facilidades para el traslado de bienes y capital libres de aranceles de importación, tasas, contribuciones y demás gravámenes, lo que implica que se busca no sólo fuerza de trabajo, sino también inversión.

Se abre, pues, una ventana de oportunidad para, al fin, poner orden en cuestiones de migración humana, sobre todo generando condiciones para la creación y ejecución de políticas públicas que sean efectivas, porque, además, el acceso de las y los bolivianos residentes en el extranjero a sus derechos es un mandato constitucional.

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