Editorial

Ley a la vista

La nueva ley pretende una mayor inclusión al mundo de las transacciones bancarias

La Razón / La Paz

00:47 / 03 de agosto de 2013

Después de casi un año del anuncio y posterior tratamiento de la ley de servicios financieros, la Asamblea Legislativa prácticamente ha terminado su aprobación en ambas cámaras, quedando en debate algunos artículos que no significarán mayores cambios en el espíritu de la norma que pretende equilibrar las relaciones asimétricas entre usuarios e intermediarios financieros.

La promulgación y posterior puesta en vigencia de la nueva ley de intermediación financiera significará, sin lugar a dudas, una transformación en la forma de operar de los bancos, cooperativas y entidades financieras de desarrollo.

Esto porque, en primer lugar, el Estado reconocerá, incorporará y fiscalizará a toda entidad que realice operaciones de ahorro y crédito sin excepción, aspecto más que fundamental en un sistema caracterizado por la confianza que pueda generar la entidad financiera hacia su clientela. Un segundo aspecto a destacar en el nuevo cuerpo legal es el mandato gubernamental a una mayor inclusión financiera de la población. Factor que debe equilibrarse con una mayor presencia física de las entidades del rubro en toda la geografía municipal del país, así como el acceso a los productos básicos de ahorro y préstamo.

Un tercer elemento de interés es el énfasis que la ley hace en el financiamiento del desarrollo, con una fuerte incidencia en el fomento de los sectores productivos y de vivienda social. Un cuarto elemento destacable es la posibilidad de que el cliente tenga la opción de ejercer sus derechos plenamente informado antes de firmar cualquier compromiso financiero con su entidad, precautelando así la transparencia y el justo equilibrio entre banco y usuario.

En términos generales, la nueva ley pretende ser un instrumento de control de riesgos financieros de las entidades del rubro y de acceso para la población al mundo de las transacciones bancarias. Intención especialmente importante en estos tiempos de turbulencias y especulación financiera, en los que la supervisión bancaria es una necesidad.    

Sin embargo, existen algunos temas que necesitan de un mayor debate y reflexión, como la discrecionalidad en la determinación de tasas de interés por decreto, o la obligatoriedad de destinar cartera a sectores económicos de mayor riesgo, que podrían afectar la salud financiera de la entidad y comprometer su sostenibilidad de largo plazo.

Finalmente, es deseable que con la ley promulgada se devuelva la institucionalidad a la principal entidad de fiscalización del rubro (la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero), para que sus fallos, normativa y fiscalización se rijan por la rigurosidad técnica antes que por la discrecionalidad política. En estas condiciones se esperaría que los resultados sean beneficiosos para la población y a su vez se tenga un sistema financiero sólido y solidario.    

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