Editorial

Libertad de prensa

El cuestionar a quienes detentan el poder resulta esencial para combatir la corrupción

La Razón (Edición Impresa) / La Paz

01:19 / 06 de mayo de 2016

En conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se celebró el martes, la organización internacional Reporteros sin Fronteras presentó un nuevo informe sobre el estado de este derecho en el mundo, en el que alerta sobre un profundo “deterioro” en “la capacidad de los periodistas para ejercer su oficio y su función en total libertad o independencia”.

Junto al señalado informe, esta ONG dio a conocer su tradicional ranking sobre el grado de libertad de prensa en 180 países del orbe, elaborado con base en un cuestionario que es respondido por expertos sobre diversos temas (pluralismo, independencia de los medios de comunicación, el ambiente en el que los periodistas llevan a cabo su trabajo, la autocensura, el marco legal, la transparencia y la calidad de la infraestructura con que se cuenta para producir la información), al que se añade un análisis cuantitativo de los actos de violencia cometidos contra periodistas en el periodo analizado.

Según este ranking, entre los países cuyos gobernantes han logrado “amordazar la información” en el último año se encuentran Egipto, en el puesto 159; Turquía (151) y Tailandia (136); que se han incorporado a naciones donde el control de los medios constituye la norma, como en Eritrea (180, en el último puesto), Corea del Norte (179), Siria (177), China (176), Arabia Saudita (165) y Rusia (148), entre otros. Los países mejor posicionados en este ranking son Finlandia (1), Holanda (2), Noruega (3) y Dinamarca (4). Mientras que en la región sobresalen Costa Rica (6), Jamaica (10), Uruguay (20) y Chile (31). Los coleros en América Latina son Colombia (134), Honduras (137), Venezuela (139) y México (149). Mientras que Bolivia se ubica a la mitad de esta clasificación, en el puesto 97.

Ahora bien, más allá de las estadísticas, no sobra recordar que la libertad de prensa, junto al derecho a la crítica y a la libertad de expresión, constituye uno de los pilares de la democracia. Y es que tener la posibilidad de cuestionar a quienes detentan el poder (estatal, empresarial, sindical, etc.) y poder investigar lo que sea, siempre y cuando se respete la ley y no se vulneren los derechos de otras personas, resulta fundamental no solo para combatir la corrupción, la ineficiencia y la intolerancia, sino también para crecer como sociedad y como individuos.

De allí que en ningún país que se jacte de defender el derecho de la ciudadanía a expresar libremente sus opiniones pueden existir autoridades, credos, expresiones culturales, personajes o ciudades con un manto de sacralidad que los proteja de las detracciones. Y lo propio ocurre con las instituciones gubernamentales, cuyas acciones u omisiones, en un sistema democrático, deben estar sujetas a escrutinio no solo por parte de las autoridades legislativas y judiciales, sino también de la prensa y la opinión pública.

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