Editorial

Males de la corrupción

La lucha contra la corrupción debería ser un componente central del Gobierno

La Razón (Edición Impresa) / La Paz

00:04 / 15 de enero de 2015

En los últimos años, el Gobierno Municipal de Calacoto, provincia Pacajes de La Paz, se ha visto paralizado por la corrupción. Esta lamentable situación, además de generar violencia, ha puesto contra las cuerdas a la población, privada de obras de infraestructura vial y urbana básicas y de servicios de calidad en las áreas de salud, energía eléctrica, educación, agua y alcantarillado.

Son varios los casos que demuestran la falta de honestidad y transparencia en la Alcaldía de ese municipio paceño. Por ejemplo, en noviembre de 2012, la concejala Delia Sánchez denunció que el entonces presidente del Concejo Municipal, René Colque, junto a otros concejales la obligaron a dimitir a su cargo, luego de haber sufrido un sistemático acoso político, con amenazas de muerte y agresiones físicas y psicológicas, todo ello “por denunciar actos de corrupción”. Pocos meses antes, Marina Apaza, otra concejala de ese municipio, también fue víctima de acoso político y por los mismos motivos.

Dos años después, el 26 de septiembre de 2014, Natalio Aramayo, exalcalde de Calacoto que había sido sustituido de su cargo y enviado a la cárcel de San Pedro por la presunta malversación de fondos, fue encontrado sin vida en El Alto, con signos de tortura (le cortaron la lengua y los genitales). Hasta ahora el caso sigue sin resolver. Por si todo esto fuera poco, el lunes, Eloy Alcón, exalcalde interino de Calacoto, fue aprehendido por la Policía junto a la presidenta del Concejo, María Apaza Chuquimia, y Delia Sánchez, la concejala que había sido obligada a renunciar en noviembre de 2012. Los tres son acusados de la apropiación de Bs 20 millones del municipio en obras fantasma, junto al oficial mayor Walberto Jaibita y la concejala Lucía Mamani Flores, ambos prófugos.

Este caso pone en evidencia la facilidad que tiene la corrupción para expandirse y generar violencia, pues, cuando un funcionario que carece de ética observa que sus compañeros se enriquecen de manera impune con los recursos del Estado, desea y se siente con el “derecho” de apropiarse de un pedazo de la torta. Adicionalmente, cuando un servidor público incurre en este tipo de delitos (malversación, fraude, nepotismo, extorsión, abuso de poder, etc.), no solo le resta recursos al Estado que podrían destinarse para mejorar el bienestar de la población, sino que además pierde la autoridad y la moral para exigir que las obras y proyectos se elaboren de manera transparente y adecuada.

Por último, este tipo de acciones menoscaban la confianza de la población en las autoridades y terminan destruyendo la capacidad de las instancias gubernamentales para articular la relación entre el Estado con los individuos. De allí que la lucha contra la corrupción debería ser un componente central del Gobierno, a través de acciones que fortalezcan la institucionalidad del Estado, incrementando los costos de ser corrupto.  

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