Editorial

Mallku Khota

Considerando el nivel de violencia desatado hasta ahora, urge una pronta solución

La Razón / La Paz

00:09 / 08 de julio de 2012

El conflicto por el yacimiento minero de Mallku Khota (o Quta, según algunos aymaristas) no parece tener visos de solución; por el contrario, se ha convertido en preocupante fuente de violencia, como fue evidente esta semana con la muerte de un comunario y recurrentes secuestros de policías y profesionales mineros. La querella es por un yacimiento de oro, plata e indio.

El problema se inició meses atrás, cuando un grupo de comunarios se movilizó demandando la expulsión de la empresa minera del mismo nombre que la localidad, subsidiaria de la canadiense Pan American Silver. En el fondo, el problema se origina en la importancia del yacimiento, considerado incluso mayor al que explota la Minera San Cristóbal,  también en Potosí. La primera acción de los movilizados consistió en el secuestro de un policía, y luego de otro que intentó rescatar al primero. Ambos fueron liberados gracias a la acción gubernamental, que sin embargo no resolvió el conflicto, que en las siguientes semanas incluyó una marcha de los comunarios hasta La Paz.

La imposibilidad de resolver este conflicto se debe a que una mayoría de los ayllus está de acuerdo con la presencia de la transnacional minera, pero aquellos que no, han demostrado no sólo gran capacidad de movilización, sino también de desplegar violencia, al extremo que su principal dirigente actualmente guarda detención domiciliaria debido a que ha sido sindicado del secuestro de los dos policías antes señalado y de aplicar torturas contra ellos.

El más reciente episodio del conflicto se saldó con seis profesionales de la empresa minera secuestrados, de los cuales tres fueron liberados gracias a la acción gubernamental el viernes último; pero en cambio una fiscal que participó del operativo resultó retenida.

Es difícil imaginar cómo se resolverá el conflicto, habida cuenta de que, como se ha señalado, parte de las comunidades involucradas quiere la expulsión de la empresa minera, y ha sido evidente que el interés que persiguen, antes que la defensa de su territorio ancestral, es la explotación por cuenta propia de los recursos mineralógicos de la zona, particularmente el oro, que requiere menos tecnología, pero también provoca evidente contaminación ambiental, tal y como ha sido denunciado por el resto de las comunidades de la región. La empresa minera ha señalado que, pese al conflicto, no piensa abandonar el yacimiento, concesionado años atrás, lo que confirma el tamaño del mismo, a sabiendas de que la mayoría de las comunidades tiene expectativas en lo que vaya a redituar su explotación, cuyo inicio está previsto para 2015.

Considerando el nivel de violencia desatado hasta ahora, el Gobierno debe encontrar una pronta solución, sobre todo tomando en cuenta que no tiene mayores intenciones de quitar la concesión a la empresa transnacional. Tal vez la consulta previa sea un buen camino.

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