Editorial

Maltrato escolar

Ni el hogar ni la escuela deben ser ámbitos donde la seguridad y el bienestar de los niños estén en riesgo.

La Razón (Edición Impresa)

00:00 / 18 de enero de 2018

Días atrás, el Comité Nacional de Lucha Contra el Racismo publicó un informe en el que se revela que en 2017 se registraron 230 denuncias de maltrato y discriminación, 40 de ellas correspondieron a presuntos hechos registrados en los colegios y escuelas del país, en particular en los niveles de preescolar y primaria (70% de los casos).

Según este informe, la mayoría de las denuncias son por maltrato verbal de parte de las y los educadores hacia las y los niños, con expresiones tales como “eres un flojo”, “no sirves”, “no podrás ser nada en la vida”, “eres un tonto”, “gorda”, “cochina” y “¿para qué estás estudiando?”, entre muchas otras igual de ofensivas y dañinas para los menores de edad.

Los abogados que hacen seguimiento a las denuncias señalan que estas agresiones verbales suelen ir acompañadas de comportamientos tales como arrojar el cuaderno del estudiante al piso o rehusarse a revisar sus tareas y trabajos. Además, hay muchos casos en los que si el padre o la madre denuncia el caso ante la Dirección Distrital de Educación, luego, al no haber una solución definitiva, se expone a represalias de parte de la unidad educativa o de los propios compañeros.

El Director del Comité recordó que las y los maestros, directores de colegios y autoridades distritales y departamentales son, en tanto servidores públicos y representantes del Estado, garantes de los derechos humanos de las y los estudiantes; por lo que es particularmente lamentable que sean estas personas, responsables de la educación de las nuevas generaciones, quienes usen apodos y brinden trato discriminatorio a sus educandos.

Al respecto, un dirigente de los trabajadores urbanos, a tiempo de lamentar estos hechos, sugiere que las escuelas superiores de formación de maestros apliquen evaluaciones psicológicas para conocer las verdaderas aptitudes de los postulantes al magisterio. Por otra parte, tanto el Director del Comité como la Directora de Distrital de Educación 3 de La Paz y el presidente de la Junta Nacional de Padres de Familia coincidieron en señalar que las y los maestros suelen encubrirse mutuamente cuando deben afrontar denuncias y, lo que es todavía peor, suelen ensañarse con quienes presentan las denuncias.

Lo verdaderamente grave de este fenómeno no es tanto la imposibilidad de asegurar un proceso eficaz contra las y los abusadores, que por lo general apenas reciben sanciones administrativas, sino el daño que se les causa a las víctimas de estas formas de violencia.

Es posible que en términos estadísticos el número de casos presentados ante el comité sean poco relevantes, pero lo cierto es que no es aceptable ni uno solo de ellos, pues ni el hogar ni la escuela deben ser, por ningún motivo, ámbitos donde la seguridad y el bienestar de niñas y niños estén en riesgo. Hay que hacer mucho más para acabar con esta situación.

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