Editorial

Manillas electrónicas

Ojalá que esta propuesta cuente con el apoyo y los recursos necesarios para materializarse

La Razón (Edición Impresa)

02:50 / 13 de julio de 2015

Las normas y tratados firmados por el país conminan al Estado a garantizar que la restricción de la libertad no cause más limitaciones a los derechos del detenido que las establecidas por la ley en relación con su condena. Sin embargo, en los penales nacionales se está restringiendo un conjunto más amplio de derechos, como el de salud, alimentación, educación, trabajo y vivienda.

Como bien se sabe, la vulneración de estos derechos deviene principalmente por la gran cantidad de reos hacinados en espacios que exceden en mucho la capacidad para la que fueron construidos. Por caso, la cárcel de San Roque, ubicada a cinco cuadras de la plaza central de Sucre, fue construida para albergar a 80 personas, pero actualmente cobija a 450 reos, según advierte la Defensoría del Pueblo en Chuquisaca. De igual manera, en el penal de San Pedro, construido hace más de 100 años en La Paz para 300 reclusos, hoy la población carcelaria sobrepasa los 2.200 reos (esto sin contar a las esposas e hijos de los internos), y muchos de ellos (cerca de 200) carecen de una celda propia, lo que los obliga a vagar durante el día y a dormir en los pasillos durante la noche. Ante esta lamentable realidad, que se repite en mayor o menor medida en el resto de las cárceles del país, días atrás el Ministro de Gobierno anunció la posibilidad de utilizar manillas electrónicas para contrarrestar el creciente hacinamiento carcelario.

Ciertamente se trata de una interesante propuesta, que ojalá cuente con el apoyo y los recursos necesarios para que llegue a materializarse. Y es que, además de reducir los elevados gastos que se destinan para la seguridad y alimentación de los presos y el mantenimiento de los penales, con este sistema, que permite monitorear la ubicación exacta del preso las 24 horas del día, la detención domiciliaria dejaría de ser una burla, como ocurre actualmente. Además, este tipo de control podría beneficiar a los reclusos que demuestren buena conducta y una tendencia favorable a la reinserción social; marginando por supuesto de este beneficio a los violadores, asesinos y a todos aquellos que han sido condenados por delitos que no permiten indulto y deben cumplir sus condenas en la cárcel.

Finalmente, no sobra recordar que esta medida constituye una opción más justa que la detención preventiva, pues permitiría que las personas que han sido imputadas, pero que aún no han recibido una sentencia (más del 85% de los reclusos en la actualidad) puedan vivir junto a sus familias, conservando su trabajo y evitando el contagio criminal de las cárceles.

Todo lo anterior repercutiría positivamente en la seguridad y en la sociedad, ya que, como bien se sabe, es más fácil conseguir la reinserción social permitiendo al preso que viva junto a su familia, junto a la sociedad, que teniéndolo aislado en la cárcel, que en los hechos constituye la mejor escuela para perpetuar el criminen. 

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