Editorial

Marcelo

Lo que está en juego con esta acción es mucho más que un acto de buena voluntad

La Razón (Edición Impresa)

00:00 / 05 de abril de 2015

El 17 de julio de 1980 la democracia boliviana fue golpeada duramente cuando una aventura militar instauró la última dictadura que sufrió el país. El golpe de Estado fue reparado cuando sus cabecillas y parte de los involucrados fueron juzgados y sentenciados por delitos de lesa humanidad, sin embargo, hay una herida que aún hoy sigue abierta por esa causa.

Esa herida es la ausencia de los restos de Marcelo Quiroga Santa Cruz, desaparecido el mismo día del golpe, luego de que paramilitares que tomaron la sede de la COB en El Prado se llevaran su cuerpo malherido después de dispararle. Los testimonios de quienes cayeron con él refieren golpizas y torturas; posterior a ello es poco lo que se sabe sobre el destino de los restos del líder de izquierda, considerado con justicia una de las voces más lúcidas e importantes del pensamiento político boliviano.

A lo largo de los últimos 35 años, innumerables hipótesis sobre el destino de los restos de Quiroga Santa Cruz han surgido. Algunas coinciden en afirmar que el cadáver fue incinerado, sin que hubiese sido posible reducirlo a cenizas. Las demás versiones señalan diferentes lugares donde los restos podrían estar enterrados. En todos los casos se dice que la verdad debe estar escondida entre los archivos de aquellos años que las FFAA guardan celosamente en el cuartel del Estado Mayor.

En su momento fue tal la presión de la opinión pública sobre el Gobierno para que desclasifique dichos archivos, que el propio Presidente del Estado tuvo que intervenir, asegurando que esos papeles que se supone están archivados en realidad no existen. La declaración, previsiblemente, le hizo poco bien a la imagen del Mandatario, pero ayudó a disminuir la presión sobre el Alto Mando Militar.

Finalmente, en las últimas semanas, los dos principales responsables del golpe de Estado de 1980, el entonces presidente de facto y su ministro del Interior, han comenzado a hacer declaraciones que coinciden en señalar que fue el también presidente de facto entre 1970 y 1978, Hugo Banzer Suárez, quien ordenó asesinar al líder del Partido Socialista 1, y esconder sus restos en una de sus haciendas en Santa Cruz. Ambos parecerían estar buscando alguna clase de indulgencia gubernamental, probablemente debido a que en Italia se ha iniciado un proceso en su contra por haber sido parte de la temible Operación Cóndor.

En respuesta a las declaraciones, el Ministro de Gobierno ha anunciado la conformación de un equipo para la búsqueda de los restos del líder socialista en las mencionadas haciendas, y que para ello cuenta con la participación de la Fiscalía. Lo que está en juego con esta acción es mucho más que un acto de buena voluntad. Podría ser el inicio de una nueva era en la búsqueda de la verdad histórica, tarea en la que el Estado boliviano tiene algunas deudas.

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