Editorial

Media gestión

Se debe analizar la sostenibilidad de la actual política de ‘bolivianización’

La Razón (Edición Impresa) / La Paz

01:46 / 03 de agosto de 2015

Finalizado el primer semestre de 2015 resulta pertinente evaluar la situación del país en términos de crecimiento económico, para sopesar de manera objetiva los aciertos y falencias en los ámbitos monetario, fiscal, cambiario y financiero, de forma que los resultados logrados sean consistentes con las cifras oficiales y las proyecciones de organismos internacionales.

Respecto a los logros, cabe destacar que la economía boliviana ha cumplido hasta ahora la meta del 5% y algo más de crecimiento del PIB, superior al promedio del 2,5% de los países de la región; manteniendo además una estabilidad inflacionaria menor a un dígito y llegando a consolidar cerca de $us 15.000 millones en reservas internacionales netas.

Sin embrago, estos resultados están cada vez más en riesgo, dada la caída de los precios internacionales de las materias primas, especialmente del petróleo y de los minerales, lo que se traduce en un menor ingreso para las arcas nacionales. Como se comentó anteriormente en este mismo espacio, esta pérdida pretende ser compensada por una recaudación tributaria y aduanera intensiva (a los mismos contribuyentes internos), aspecto que permitiría tener un menor déficit fiscal al presupuestado. Huelga resaltar que la gestión macroeconómica ha logrado mantener la calificación de riesgo país, mostrando a Bolivia como un lugar en el que aún se puede confiar e invertir.

En el ámbito de la reflexión queda por analizar la sostenibilidad de la política de “bolivianización”, que como objetivo monetario es más que deseable; sin embargo, las acciones para su consolidación responden más a medidas financieras artificiales de corto plazo que a una política consistente de consolidación económica de largo plazo que permita a la población tener la confianza necesaria para mantener sus ahorros, activos y patrimonio en moneda local, sin que algún “fantasma” inflacionario o de devaluación los “ahuyente” de nueva cuenta hacia el tan aminorado dólar.

Sigue pendiente la necesidad de estructurar los procedimientos para la aplicación de la Ley de Conciliación y Arbitraje, que complemente a la Ley de Inversiones, lo que permitiría aclarar el mercado del financiamiento para brindar seguridad jurídica a las inversiones de emprendedores y empresarios, independiente de su escala y origen.

Como un acto de purga económica resta resolver la ineficacia de las políticas económicas y de desarrollo para formalizar la economía nacional; de tal manera que los agentes paguen impuestos, realicen los aportes de pensiones, cumplan con las normas de registros y se realicen importaciones legales. Por último, queda como deuda la esperada diversificación e industrialización de la economía, para evitar el riesgo de ser un eterno país productor de materias primas, vulnerable a los fluctuantes cambios de los precios internacionales.

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