Editorial

Meritocracia

En el sistema judicial del país la corrupción parece ser la norma y no la excepción

La Razón (Edición Impresa) / La Paz

00:04 / 09 de enero de 2015

Los miembros de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) han aprobado unánimemente una propuesta de eliminar el Consejo de la Magistratura y está anunciado que la darán a conocer en el informe de la gestión 2014 que se presentará hoy. La idea consiste en que el TSJ absorba las tareas del Consejo e imponga la meritocracia para la designación de jueces.

La idea, que será propuesta en la sesión de hoy en Sucre, coincide con una reciente declaración del Vicepresidente del Estado, quien a tiempo de reconocer que la justicia en el país “es un desastre total”, anunció que se ha pensado en “modificar a la mayor parte del personal que se ha hecho cargo de los niveles de justicia restableciendo la meritocracia”. Asimismo, el Presidente ha expresado similares criterios, anunciando que se hará un referéndum para resolver la crisis estructural del Órgano Judicial.

En entrevista con este diario, la magistrada que propuso la idea que aquí se comenta señaló que después de realizar un análisis de la crisis de la Justicia boliviana, concluyó que el Consejo de la Magistratura se ha convertido en un obstáculo para aplicar nuevos cambios en la administración judicial; particularmente porque los consejeros han seleccionado y elegido a jueces incapaces, poco idóneos y sobre la base del cuoteo de cargos.

La autoridad agregó que algunos de los jueces nombrados por el Consejo no saben ni elaborar un simple decreto, por lo que considera que muchos de ellos no están preparados para aplicar las nuevas leyes que entrarán en vigencia en el país. Por lo tanto, esta instancia judicial debería desaparecer y convertirse en una sala del Tribunal Supremo de Justicia. Asimismo, adelantó que el planteamiento implica que todos los aspirantes a esos cargos deben dar un examen oral frente a la Sala Plena de los tribunales departamentales de justicia, con la participación de dos docentes universitarios, además de representantes del control social.

Sus colegas en el TSJ coinciden con el diagnóstico, y ya han anunciado, por una parte, que es necesaria una reforma a la Constitución Política del Estado, lo cual reafirma la idea de realizar un referéndum y, por otra, que en la Sala Plena se elaborará un proyecto de ley para proponer una nueva estructura del Órgano Judicial, excluyendo al Consejo de la Magistratura.

Así, pues, queda claro que no debe haber nadie que ponga en duda el estado crítico del sistema de justicia en el país y la urgente necesidad de transformarlo. Ciertamente la selección meritocrática de las y los administradores de justicia es el primer paso en esta impostergable tarea, pero también es imprescindible hacer una reingeniería de todo el sistema, en el que la corrupción parece ser la norma y no la excepción. Finalmente, será deseable que se haga lo necesario para asegurar la independencia de poderes, que desde siempre ha sido un déficit en el Judicial.

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